No es ningún secreto que una de las tácticas de la policía, de manera internacional, para capturar a delincuentes en ambientes sociales, es elegir a policías recién graduados para que se infiltren en esos grupos y, una vez se hayan ganado su confianza, les confiesen intimidades que permitan su captura.
Al menos 25 agentes de policía encubiertos en el Reino Unido mantuvieron relaciones sexuales con miembros de estos grupos sin revelar su verdadera identidad, según informó esta mañana The Guardian. Este dato, que representa casi una quinta parte de todos los espías policiales desplegados para infiltrarse en movimientos políticos durante más de tres décadas, revela la magnitud de un escándalo que ha dejado profundas secuelas en las personas afectadas.
El medio británico detalló que, en al menos cuatro casos, los agentes encubiertos llegaron a ser padres o supuestamente lo fueron, fruto de estas relaciones basadas en el engaño. Una de las historias más impactantes es la de una mujer identificada como Jacqui, quien descubrió más de 20 años después del nacimiento de su hijo que el padre, Bob Lambert, era un agente encubierto. Lambert abandonó a Jacqui y a su hijo cuando este era un bebé, justificando su partida con una falsa historia sobre la necesidad de huir al extranjero para evitar ser arrestado.
En España ha pasado algo similar, a través de un documental titulado Infiltrats, producido por La Directa y emitido en el programa 30Minuts de la cadena catalana 3Cat. Ha puesto el foco en casos similares de infiltración policial en movimientos sociales.
Relaciones basadas en el engaño
Según The Guardian, más de 50 mujeres fueron víctimas de estas prácticas, aunque se sospecha que el número real podría ser mayor. Muchas de ellas compartieron momentos íntimos y significativos con los agentes, como asistir a bodas y funerales, sin saber que sus parejas eran espías enviados para infiltrarse en sus círculos sociales y políticos.
Algunas de estas relaciones se extendieron hasta por seis años, dejando a las mujeres profundamente traumatizadas al descubrir la verdad.
El impacto emocional ha sido devastador. Las mujeres afectadas han señalado que la traición las dejó incapaces de confiar nuevamente en relaciones íntimas.
Este escándalo ha salido a la luz en un momento en que el canal británico ITV ha comenzado a emitir una serie documental sobre el caso, realizada en colaboración con The Guardian. La producción narra cómo cinco mujeres lograron descubrir la verdadera identidad de sus exparejas, desentrañando uno de los secretos mejor guardados del Estado británico.
El caso español: infiltraciones y abusos en movimientos sociales
El documental español es un reportaje que aborda los hechos ocurridos entre 2020 y 2022, expone cómo agentes del Cuerpo Nacional de Policía se infiltraron en colectivos sociales e independentistas en Cataluña, utilizando métodos que incluyeron relaciones sexo-afectivas para obtener información.
El documental examina los impactos de estas prácticas en las personas y los movimientos afectados, y aborda algunas de las preguntas que evidencian la falta de voluntad política para esclarecer los hechos.
La producción, de 30 minutos, detalla que al menos cuatro agentes, provenientes de la 33.ª promoción de la Escuela de Policía de Ávila, actuaron bajo las órdenes de la Comisaría General de Información. Uno de los casos más destacados es el de una agente que utilizó la identidad falsa de María Perelló Amengual para infiltrarse en movimientos populares y mantener una relación afectiva de tres años con un activista.
Otro agente, identificado con el nombre falso de Daniel Hernández Pons, estableció relaciones con al menos ocho mujeres en Barcelona para ganarse la confianza de los colectivos en los que se infiltró.
Tras llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la UE ha declarado que no se trata de un “asunto suyo” y, por lo tanto, no intervendrá. El policía infiltrado formaba parte de una operación contra el independentismo catalán y su implicación personal en estos vínculos no ha sido considerada de relevancia para la jurisdicción europea.
Como la justicia europea se ha lavado las manos, ahora las catalanas que se acostaron con el agente han decidido llevar su caso ante el Tribunal Constitucional.
Reacciones y denuncias por violencia institucional
El uso de relaciones sexo-afectivas como herramienta de infiltración ha generado una fuerte condena por parte de organizaciones como Iridia, que califican estas prácticas como una grave violación a la dignidad y la libertad sexual de las personas afectadas. Según recogió El Salto, estas acciones no solo criminalizan los movimientos sociales, sino que también constituyen una forma de violencia institucional sexualizada.
“Esta práctica afecta gravemente la dignidad, la libertad sexual y la participación política de las personas afectadas, a la vez que criminaliza y limita los movimientos sociales”, manifiesta Iridia, que reafirma su compromiso “de agotar todas las vías judiciales para exigir que se investiguen unos hechos tan graves y se establezcan responsabilidades políticas y judiciales, llegando a instancias internacionales si fuera necesario”.
Esto no se ha tratado de un caso aislado. Desde junio de 2022, se ha confirmado la presencia de al menos nueve agentes infiltrados en movimientos sociales en ciudades como Barcelona, Girona, Valencia y Madrid. Estas operaciones han dado lugar a la apertura de dos procedimientos penales contra los agentes y sus superiores jerárquicos, el más reciente en enero de 2025 en Valencia.
Sin embargo, el Estado español se ha negado a desclasificar información sobre el número de agentes infiltrados, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, ha dificultado la rendición de cuentas.
El colectivo Acció Contra l’Espionatge d’Estat, por su parte, ha señalado que las infiltraciones policiales constituyen una forma de tortura y violencia institucional que deja secuelas irreparables en las personas afectadas.
En un comunicado, el grupo destacó que estas acciones no solo vulneran la integridad de las víctimas directas, sino que también afectan al tejido asociativo y a la participación política en su conjunto.
El colectivo ha hecho un llamado a la solidaridad y al apoyo mutuo para enfrentar las consecuencias de estas prácticas represivas. Según señalaron, los casos destapados hasta ahora evidencian la amplitud de los colectivos y personas que pueden ser objetivo de estas operaciones, subrayando la necesidad de una respuesta colectiva para evitar la normalización de la violencia estatal.
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