En los tres años que han pasado desde la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, 1.515 personas han solicitado la prestación de ayuda para morir, un número que crece con el tiempo. En 2021, fueron 173 las peticiones, mientras que en 2023 ya se han registrado 766, según el Informe Anual de Eutanasia del Ministerio de Sanidad, de las que se realizaron 334. Las solicitudes han crecido casi un 25% en un año, pero también las denegaciones: en 2022, se rechazaron menos del 20% de las eutanasias demandadas, frente al 25% de 2023.
En total, 188 de las solicitudes fueron rechazadas, ya sea por el médico responsable del caso, interlocutor principal del paciente (119 casos); por informe desfavorable del médico consultor, facultativo ajeno al equipo del paciente que estudia el caso (27); o por la Comisión de Garantía y Evaluación (19).
El Ministerio de Sanidad, no obstante, no ha recogido datos sobre las razones que motivaron la denegación. No obstante, 78 personas reclamaron una segunda evaluación, que fue favorable en más de la mitad de los casos (58%).
Un 25% murió antes de recibir la eutanasia
Sí se conocen los datos de los pacientes: la mayoría tenía edades comprendidas entre los 70 y 78 años, con 68,78 años de media, y todos ellos padecían enfermedades graves. Las diferencias entre sexos son mínimas, si bien los hombres fueron mayoritarios (50,7%). De las 766 solicitudes presentadas, 271 correspondían a personas con enfermedades oncológicas, seguidas de 266 con enfermedades neurológicas y 49 de pluripatología orgánica severa. Se han registrado además otras 24 por enfermedades respiratorias y 13 por enfermedades cardiológicas. La mayoría mantenían todavía su capacidad de decisión al inicio de la solicitud (95%), si bien un 15% estaba en riesgo inminente de perderla.
Durante el proceso, apenas se han registrado arrepentimientos (3%) y, en un 4% de los casos, se pidió aplazar la aplicación de la ayuda. De media, los 766 solicitantes esperaron 67 días para recibir la eutanasia. Por desgracia, un 25% de las personas fallecieron antes de resolverse su petición, a los 30 días de presentar los documentos.
De las 334 que sí se realizaron, la mayoría se realizaron en hospitales (159) o en el domicilio del paciente (147), siendo minoritarios los centros no hospitalarios (9).
Desigualdades territoriales: 2 solicitudes en Murcia, 219 en Cataluña
La aplicación de la Ley de Eutanasia es desigual, según muestran los datos del Ministerio de Sanidad. Existen comunidades autónomas con menos de 10 solicitudes, como Murcia, Extremadura o La Rioja, otras como Madrid, que se acercan al centenar; y por encima de todas, Cataluña, donde se recibieron 219 solicitudes en 2023.
Las resoluciones también se diferencian: tan solo Extremadura y Murcia llevaron a cabo el 100% de sus solicitudes, pero solo recibieron 2. Aragón (12%), Cantabria (16%) y Asturias (27%) son las comunidades que muestran un porcentaje más bajo de procedimientos realizados frente a los solicitados, siendo País Vasco (81%), La RIoja (50%) y la Comunidad Valenciana (46%) las que más alto lo presentan, sin llegar a cumplir con todas las solicitudes recibidas.
Para la asociación Derecho a Morir Dignamente, estas diferencias reflejan las desigualdades en el territorio, pero también unas diferencias culturales y burocráticas que pueden facilitar o entorpecer el proceso para los solicitantes. Destacan especialmente la accesibilidad al testamento vital, cuyo nombre varía en cada comunidad autónoma, documento que permite incluir la petición de ayuda para morir de forma anticipada.