La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) y las autoridades de competencia han abierto una investigación para esclarecer el fraude de “la mafia del diésel”: una trama que opera desde hace más de 13 meses en España y tiene una magnitud de 1.900 millones de euros anuales. Este entramado comienza con la alteración de la nacionalidad del combustible y continúa con el fraude del IVA por parte de los “operadores fantasmas” que comercian con las gasolineras. Esto está teniendo consecuencias para las estaciones de servicio, así como para los consumidores.
El diésel ya refinado que es objeto de la trama procede de Siria, Rusia o Irán, regímenes sancionados con límites de exportación, pero su nacionalidad se altera en Turquía o Marruecos: se finge haber cargado, descargado y refinado el carburante en estos países. El siguiente paso del fraude es llevado a cabo por “operadores fantasmas”, que se registran, aparecen y desaparecen a los tres meses. Venden a precios más bajos (a veces la diferencia es incluso de 40 o 60 céntimos respecto al “diésel legal”), lo que provoca que muchos gasolineros se decanten por este producto, a veces no siendo conocedores de su procedencia, pero otras sí.
Estos gasolineros que sí compran el diésel pirata a sabiendas pueden incurrir en un delito de “receptación”, por lo que la ONIF y Hacienda ya han enviado 400 requerimientos exigiendo los detalles de sus pagos de IVA. Las autoridades de competencia también han identificado a operadores sospechosos de fraude: según informa la Cadena SER, que no ha podido contactar con ninguno de los presuntos implicados, muchas de sus domiciliaciones fiscales se encuentran en las calles Goya y el Paseo de la Castellana de Madrid.
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Según las cifras del sector y de la Agencia Tributaria, el porcentaje de presencia de este “diésel ilegal” ha aumentado enormemente en los dos últimos años: en 2022 representaba únicamente el 5 % del combustible total vendido, pero a finales de 2023 ya se posicionaba en un 15 %. Actualmente se estima que puede alcanzar el 25 % del carburante: uno de cada cuatro litros de diésel que se vende en España podría proceder de esta trama.
Una trama con triple fraude
Los “operadores fantasma” del entramado, uno de los mayores jamás detectados en España, como indican fuentes de la Agencia Tributaria, están incurriendo en un triple fraude: de IVA, de biocombustibles y del “fondo de eficiencia”. Entre todos ellos, el balance final se estima que es de 1.900 millones de euros anuales estafados.
- Para ser “operador al por mayor” de petróleo en España es necesaria la compra de un título que permite la compra y venta de los carburantes. Estas solicitudes se han disparado hasta la cifra de 322, por lo que las autoridades han frenado temporal o definitivamente 200 de ellas. En muchos casos, estos operadores compran el diésel, los venden cobrando el IVA, no lo pagan a Hacienda y desaparecen, por lo que se quedan con ese 21 %. En total el fraude es de 1.200 millones de euros que después se blanquea.
- El segundo fraude se produce porque el carburante que se vende en España debe contener una cierta cantidad de biocombustibles para reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, este diésel pirata no lo tiene, por lo que es más barato, pero también más contaminante. Este fraude suma entre 500 y 600 millones de euros más.
- El tercero de los delitos de este triple fraude tiene que ver con el “fondo de eficiencia”, una cuantía que las petroleras deben abonar para compensar la contaminación, pero en estos casos no se está pagando, lo que aumenta otros 60 y 100 millones de euros.
Las gasolineras y consumidores: los efectos de la trama
“La mafia del diésel” está afectando enormemente a los propietarios de las estaciones de servicio: las que compran el “diésel en fraude” pueden ofrecer precios más bajos, lo que provoca que los que compran el carburante de proveedores tradicionales se vean forzados a cerrar o a convertirse en operadores independientes. Por tanto, la trama amenaza la viabilidad de las gasolineras que sí compran producto legal, incluidas las tres grandes compañías petroleras que operan en España.
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Además, también provoca un efecto en los consumidores, ya que la diferencia entre el “diésel legal” y el pirata es sustancial, entre 20 y 40 céntimos por litro más barato. Por tanto, llenar un depósito de 50 litros sale 10 o 20 euros más barato: de 70 a 50 o 60.