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Marlaska tendrá que dar explicaciones sobre la equiparación salarial y la jubilación digna de policías y guardias civiles

El ministro del Interior ha citado a los sindicatos representativos de la Policía Nacional para tratar sus principales reivindicaciones en una reunión extraordinaria

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Policía Nacional. (Gustavo Valiente/Europa Press)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tendrá al fin que dar explicaciones sobre la equiparación salarial y la jubilación digna de los policías nacionales y guardias civiles. Marlaska, como presidente del Consejo de Policía, ha convocado a los vocales de los sindicatos representativos del Cuerpo a una reunión extraordinaria que tendrá lugar el próximo lunes, día 10 de junio, y en la que se abordarán los conflictos colectivos presentados por la Confederación Española de Policía (CEP) y la unión de Equiparación YA (EYA) y Alternativa Sindical de Policía.

En un escrito al que ha tenido acceso Infobae España, el presidente del Consejo de Policía -cargo que corresponde al ministro del Interior- convoca a los vocales a una “reunión extraordinaria” del Pleno del Consejo que se celebrará en el complejo policial de Canillas. Allí, Grande-Marlaska, como marca la normativa del órgano de representación de los policías, responderá a las reivindicaciones que dieron lugar a la presentación de sendos conflictos colectivos.

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Los asuntos a tratar serán la equiparación salarial de los agentes con el resto de cuerpos policiales autonómicos y locales, el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo, la consecuente aplicación de los índices correctores para la dignificación de su jubilación y el refuerzo de la protección física y jurídica de los funcionarios.

Convocatoria al Pleno del Consejo de Policía.

Los sindicatos EYA y ASP, que junto a la CEP habían dejado de acudir a las reuniones del Consejo de Policía, interpusieron una demanda ante la Audiencia Nacional contra el Consejo por desoír los conflictos colectivos, que según la normativa obligan al Ministerio del Interior a comparecer ante los sindicatos representativos para responder a las reivindicaciones de los agentes. Las organizaciones en conflicto no se han sentado en la mesa del Consejo mientras no eran convocadas para tratar la equiparación salarial y la jubilación digna.

El Supremo se pronunciará sobre la equiparación

Cabe esperar que Fernando Grande-Marlaska -o el alto cargo de Interior en el que delegue- se escude en una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que, por el momento, tumba la posibilidad de renegociar el Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional había obligado al Gobierno a cumplir con dos cláusulas incumplidas de ese acuerdo, una de ellas referente a la elaboración de una ley de retribuciones que garantizase la plena equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de cuerpos policiales.

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El ministro del Interior, a través de la Abogacía del Estado, recurrió el fallo y ahora la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo le ha dado la razón. Los demandantes, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han anunciado que recurrirán en última instancia al Tribunal Supremo.

Policías y guardias civiles convocados por la Plataforma por la Jubilación Digna, que agrupa a una docena de sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos, celebran este sábado una manifestación por el centro de Madrid para reclamar mejoras laborales como ser reconocidos como profesión de riesgo y la "plena equiparación" con Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y cuerpos policiales locales.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae España, los magistrados reconocen que al Acuerdo de Equiparación Salarial se llegó “como negociación colectiva en el ámbito de la función pública” entre el Ministerio del Interior, los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil, lo que los demandantes califican como un “paso de gigante”.

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