Juan Fernández, secretario general de AUGC: “Nadie entiende cómo la Fiscalía se opone a investigar quién dio la orden en Barbate”

La Asociación Unificada de Guardias Civiles reelige a su Junta Directiva, que analiza los principales retos que afrontará en una entrevista con ‘Infobae España’

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Juan Fernández, secretario general de AUGC. (Cedida)
Juan Fernández, secretario general de AUGC. (Cedida)

Juan Fernández Hernández (Barcelona, 1975) acaba de ser reelegido como secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la pionera y mayoritaria en el instituto armado desde su fundación en 1984, hace 30 años. El 9º Congreso de la asociación, celebrado esta semana en Toledo, le ha dado los apoyos para que continúe al frente durante los próximos cuatro años. Sobre la mesa, hay retos como la jubilación digna de los agentes, la modernización de la Guardia Civil o la asunción de responsabilidades en la cadena de mando por el asesinato de Miguel Ángel y David en el puerto de Barbate (Cádiz).

Pregunta: Una de las principales reclamaciones de las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional es el reconocimiento como profesión de riesgo, que conllevaría mejoras en las condiciones de jubilación. El ministro del Interior se comprometió a ello, pero denunciáis que no hay avances.

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Respuesta: Hay un hecho histórico que ocurrió el 16 de marzo con una manifestación donde 40.000 personas participaron en la convocatoria de la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial. El propio ministro del Interior afirmó en declaraciones públicas que ya había un grupo de trabajo. Lo que no entendemos es el oscurantismo. ¿Por qué no nos llaman a esa mesa de diálogo? Nosotros creemos que lo está retrasando y no tiene ningún sentido. Él públicamente lo ha dicho. Todo el mundo entiende que esto es consecuencia de lo que el Gobierno tiene que hacer, que es declararnos profesión de riesgo, con lo cual no entendemos por qué no estamos ya sentados y empezando a negociar.

P: PP y PSOE votaban juntos esta misma semana en el Congreso de los Diputados para tumbar una Proposición No de Ley para una reforma de la jurisdicción militar. AUGC apoyaba la medida.

R: Era una magnífica oportunidad para aprovechar una reclamación histórica que están pidiendo los guardias civiles, que es modernizar la jurisdicción militar. Ni siquiera se buscaba la no aplicación del Código Penal Militar, sino la modernización de la jurisdicción militar. Y vemos cómo todos los partidos políticos -salvo Sumar- votan en contra y luego lanzan mensajes en el sentido de que quieren modernizar la Guardia Civil y que están con los guardias civiles. En el Congreso de los Diputados, en concreto con esta PNL, no es lo que han demostrado.

P: Hemos conocido que la Fiscalía pidió el archivo de las diligencias abiertas para investigar la responsabilidad de los mandos en la orden del operativo que acabó con el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. ¿Cómo lo valoráis?

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R: Nadie entiende cómo la Fiscalía, quien tiene que velar por los derechos de los ciudadanos, y en este caso de los guardias civiles, se opone a investigar quién dio una orden que a luces de todo el mundo no fue con los medios que los compañeros necesitaban. Además, se advirtió, y así lo han dicho los agentes que participaron en el operativo, que les podían pasar por encima, y aún así se les ordenó salir al mar. Y ya sabemos lo que supone en la Guardia Civil no cumplir una orden. Aquello acabó como acabó. Nadie lo puede entender. Por eso AUGC ha denunciado, para saber quién dio la orden y actuar en consecuencia. Nosotros en realidad no buscamos tanto la responsabilidad penal, sino que cambien estas actitudes y que la próxima vez que alguien tenga que enviar a un guardia civil a una misión sea con los medios de protección adecuados. Eso es lo que queremos.

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“Los guardias civiles no tienen que pagar las consecuencias de un Gobierno que para seguir en el poder tiene que pactar nuestras competencias”

P: Otro asunto de actualidad en el instituto armado es el malestar por la pérdida de competencias. El último episodio es el del puerto de Barcelona, donde los Mossos d’Esquadra han anunciado que patrullarán para dar seguridad a la Copa América de vela.

R: Nos preocupa mucho la pérdida de competencias de la Guardia Civil. Ya ocurre en Navarra con las competencias de tráfico y puede ocurrir en Cataluña, así como en todos los puertos y aeropuertos de España. Pueden pasar a ser competencia de la policía autonómica, y esto no es de recibo. Los guardias civiles no tienen que pagar las consecuencias de un Gobierno que para seguir en el poder tiene que pactar nuestras competencias.

P: La Guardia Civil es el cuerpo policial con un menor porcentaje de mujeres en su plantilla. Además, parece que hay un estigma a denunciar casos de acoso sexual. Hace poco hemos conocido un caso en la Academia de Baeza. ¿Qué garantías tienen las víctimas?

R: No paran de salpicar casos. Además, todas las víctimas coinciden en que no se han sentido amparadas por la institución. Ahora se ha aprobado un protocolo de acoso sexual en la Guardia Civil y no permite que la víctima vaya acompañada de una persona de su confianza, por ejemplo de su pareja, su padre, su hermano, su amigo, su amiga, alguien especializado en este tipo de violencia o un abogado. ¿Por qué no? La Guardia Civil sigue practicando este oscurantismo y sigue pensando con la antigua mentalidad de que los trapos sucios se lavan dentro de casa. Y esto no puede ser así. Una víctima tiene que tener el amparo institucional y todos los derechos reconocidos. Pero siempre que se ejerce un abuso y un acoso laboral o sexual, viene precedido de un abuso de autoridad.

P: Esta semana ha ocurrido un nuevo episodio de agresiones a guardias civiles, en este caso ametrallados con armas de guerra al intervenir un alijo de droga en el río Guadalquivir. ¿Cómo afecta la pérdida del principio de autoridad?

R: AUGC solicitó al ministro del Interior el endurecimiento de las penas de atentado contra agentes de la autoridad. El ministro nos dijo que lo había trasladado al Ministerio de Justicia, que no lo había visto coherente. Las agresiones a policías y guardias civiles están creciendo mes tras mes. Los medios son insuficientes y se está quebrantando el principio de autoridad. Esto es muy preocupante. En primer lugar, para los policías y los guardias civiles que ven cómo se atenta contra su integridad física, pero también para la ciudadanía. Porque si quienes tienen que dar seguridad no se sienten seguros, las consecuencias las pagamos todos.

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