El comienzo este martes del juicio contra Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, por asesinato premeditado vuelve a poner el foco sobre la legislación de Tailandia para intentar comprender a que pena se puede enfrentar cuando finalicen las 14 jornadas previstas. Desde los 15 años de prisión hasta la pena de muerte, todo depende de la decisión del juez.
El artículo 288 del Código Penal tailandés recoge que una persona declarada culpable de asesinato se enfrentará a una condena de prisión de entre 15 y 20 años o incluso podría llegar a cadena perpetua. Sin embargo, en el caso de que se considere un asesinato agravado se condenaría a pena de muerte, según vienen recogido en el artículo 289. Los supuestos para que se considere este agravio son el asesinato de un agente de la autoridad en ejercicio de sus funciones, el asesinato con tortura o actos de crueldad, y el asesinato con premeditación, siendo este último el que podría afectar al enjuiciado.
Si el litigio llegará a acabar en pena de muerte, Sancho todavía tendría una salida posible. Esta sería pedir la conmutación de dicha condena por una de cadena perpetua, pero tendría que ser pedida al rey del país, Maha Vajiralongkorn, único actor capaz de concederlas.
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En el caso de ser denegado es importante destacar que aunque en Tailandia sigue habiendo un gran número de condenados a pena de muerte, 195 en 2022 según datos de Amnistía Internacional, la última persona ejecutada data de 2018. Se realizó en junio de ese año a un condenado por asesinato con una inyección letal. La anterior ejecución había sido 2009.
Acuerdo entre España y Tailandia
Existe entre los Gobiernos de España y Tailandia un acuerdo sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales, firmado en Bangkok el 7 de diciembre de 1983, del que Sancho podría beneficiarse según la condena a la que se enfrente.
El traslado a España solo podrá realizarse con ciudadanos del Estado receptor y que estén cumpliendo una condena firme, sin ningún otro proceso judicial pendiente en Tailandia y que dicha condena constituya un delito que podría ser considerado como tal en ambos países. También el beneficiado debe haber cumplido la duración mínima prevista por la ley de este estado.
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Los único delitos que se quedan fuera de este acuerdo son los cometidos contra la seguridad interior o exterior del estado, contra el jefe del estado o miembros de su familia y en materia de contrabando de antigüedades o tesoros del patrimonio artístico nacional. Además, el traslado puede ser denegado si el estado trasladante considera que atenta contra su soberanía o contra su seguridad exterior o interior y si el delincuente es ciudadano de ambos países.
El caso de Artur Segarra
Un caso parecido al de Daniel Sancho es el del español Artur Segarra, que se encuentra cumpliendo una condena de cadena perpetua en una prisión de Bangkok por los delitos de asesinato y descuartizamiento de su compatriota David Bernat en 2016.
En un principio, Segarra fue sentenciado a la pena de muerte, pero el condenado logró que se conmutara a cadena perpetua tras admitir el delito en una carta que se envió al rey de Tailandia y que decidió concedérselo. De esta manera se le abrió un nuevo camino con un posible traslado a España, pero que por el momento no se ha llevado a cabo.
Segarra vivía en Tailandia para eludir la justicia española por delitos vinculados a una trama de estafas y en el país asiático secuestró, torturó, asesinó, desmembró y se deshizo del cadáver de Bernat en enero de 2016. Este fue un caso igualmente mediático en ambos países. La principal diferencia con el caso actual es que Segarra escapó a Camboya, donde al final fue detenido, y en ningún momento colaboró en las investigaciones, declarándose inocente en todo momento. Esto llevó a que el proceso se alargará durante casi tres años.