El Parlamento Europeo aprueba nuevas normas contra el fraude en el alquiler vacacional de corta duración

Este tipo de alquileres ya representan alrededor del 25% de los alojamientos turísticos en la UE

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Panorámica del Parlamento Europeo.
Álex Flores - Europa Press
Panorámica del Parlamento Europeo. Álex Flores - Europa Press

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la imposición de requisitos armonizados sobre cómo deben recopilarse y compartirse los datos relacionados con el sector del alquiler de alojamientos de corta duración, con 493 votos a favor, 14 en contra y 33 abstenciones. El objetivo del nuevo reglamento es impulsar la transparencia y la responsabilidad entre las plataformas online, además de proteger a los consumidores de las ofertas fraudulentas.

Tras la entrada en vigor de la nueva normativa, las plataformas en línea que ofrecen servicios de alquiler de corta duración tendrán que cumplir con las obligaciones relativas a los procedimientos de registro y el intercambio de datos para las propiedades de su catálogo localizadas en áreas donde ese proceso es obligatorio. Según fuentes del Parlamento Europeo en España, facilitar el registro virtual permitirá a las autoridades identificar al anfitrión y el alojamiento que ofrece y verificar su información.

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Esta nueva regulación se deriva de que «las ciudades están viendo cómo proliferan los alquileres vacaciones ilegales, lo que incrementa los precios residenciales. Esta ley exige a las plataformas compartir sus datos con las autoridades locales, lo que les permitirá aplicar mejor la normativa para que la vivienda continúe siendo accesible para los residentes», señala la eurodiputada Kim Van Sparrentak, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea.

Información fiable y completa

Las plataformas deberán garantizar que la información proporcionada por los anfitriones sea fiable y completa y que el número de registro sea claramente visible en los anuncios correspondientes. También tendrán que hacer “esfuerzos razonables” para llevar a cabo comprobaciones aleatorias de información.

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Las autoridades competentes pueden suspender los números de registro, pedir a las plataformas que eliminen anuncios ilegales o imponer sanciones a las plataformas o anfitriones que no cumplen las normas.

Los alquileres caerán en picado con el nuevo índice de precios: el Gobierno pone como ejemplo bajadas de más de 800 euros.

Intercambio de datos

Para realizar un control eficiente, los Estados miembros de la UE establecerán un único punto de entrada digital para recibir mensualmente datos de las plataformas sobre la actividad del anfitrión, como número de noches en que se alquiló el alojamiento, número de huéspedes, dirección específica, número de registro, URL del anuncio.

La recopilación de estos datos permitirá a las autoridades de cada país supervisar el cumplimiento de los procesos de registro de clientes y aplicar políticas adecuadas en el sector del alquiler de alojamientos de corta duración.

Los riesgos y las oportunidades de un sector en crecimiento

Con esta nueva normativa la Unión Europea pretende regular un sector el de los servicios de alquiler de corta duración que ha crecido significativamente con la expansión de plataformas en línea como Airbnb, Booking, Expedia y TripAdvisor.

Este tipo de alojamiento comprende aproximadamente una cuarta parte del total de alojamientos turísticos en la UE y, aunque según reconoce el Parlamento Europeo generan beneficios a los anfitriones, a los turistas y las localidades donde están implantados, a nivel local, “la falta de reglas adecuadas genera problemas como el aumento de los precios de la vivienda, el desplazamiento de residentes permanentes, el exceso de turismo y la competencia desleal”.

En este contexto, existen diferencias significativas en los sistemas de registro para los alquileres de corta duración en los distintos Estados miembros. Según la Comisión Europea, en 2022, 23 países contaban con un mecanismo a nivel nacional, regional o local, mientras que el resto estudiaba introducirlo.

En el caso español, el sistema de registro lo gestionan las comunidades autónomas, aunque también hay sistemas a nivel local, por ejemplo, en Barcelona.