El Parlamento Europeo ha aprobado este martes una lista actualizada de delitos medioambientales, que podrán ser castigados con hasta diez años de prisión. La normativa reconoce nuevos crímenes contra el ecosistema, que serán actualizados cada dos años, y busca hacer responsables a los individuos y empresas que los cometen. “Los delitos medioambientales están en el top cinco de crímenes más rentables en Europa y probablemente en el mundo”, ha recordado el ponente del Parlamento Europeo, Antonius Manders. “En virtud de este acuerdo, quienes contaminen lo pagarán”, ha asegurado.
La Directiva incluye entre los nuevos delitos castigados el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques. Recoge además el denominado delito cualificado, que tienen consecuencias graves. Se consideran así los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, pues conllevan la destrucción de un ecosistema y serían equiparables, según los eurodiputados, al ecocidio.
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Manders ha calificado la nueva normativa (aprobada por 499 votos a favor y 100 en contra) como “un gran paso en la dirección correcta” que logrará “que cualquier persona que ocupe un cargo directivo en una empresa que contamine pueda ser considerada responsable, al igual que la propia empresa”.
Diez años de prisión para los delitos mortales
Las sanciones aprobadas este martes serán proporcionales a la duración, gravedad o la reversibilidad de los daños ocasionados al medioambiente. Así, los delitos cualificados podrán castigarse con hasta ocho años de prisión, ampliables a diez si causan la muerte de una persona. El resto de delitos podrán enfrentar hasta cinco años de cárcel.
Respecto a las multas, estas serán proporcionales a los ingresos de las empresas. Las sanciones económicas alcanzarán el 3 % o el 5 % de la facturación mundial anual o, alternativamente, entre 24 y 40 millones de euros, dependiendo de la naturaleza de la infracción. “Para las empresas grandes, 40 millones no es nada, pero para mí es mucho dinero. Puede causar la bancarrota de una empresa pequeña”, ha explicado Manders. Los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio.
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La Eurocámara ha resaltado la necesidad de apoyar y asistir a las personas que denuncien estos delitos. Los países tendrán dos años para incorporar la legislación a su ordenamiento jurídico interno y se han comprometido a impartir una formación especializada para policías, jueces y fiscales.
Europa aprueba la primera Ley de Restauración de la Naturaleza de la historia
En plena disputa con el sector agrario europeo, la UE ha conseguido aprobar con 325 votos la Ley de Restauración de la Naturaleza. Esta norma busca “regenerar los ecosistemas degradados de sus territorios, contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE y mejorar la seguridad alimentaria”. Actualmente, más del 80 % de los hábitats europeos están en mal estado. Ante esta situación, la ley pretende que se reparen al menos el 30 % de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE en 2030 y el 90 % para el 2050, incluidas las tierras de cultivo. La UE dará prioridad a la restauración de las zonas de la Red Natura 2000 hasta que se encuentre en buenas condiciones.
Respecto a los ecosistemas agrícolas, la UE exige avances en al menos dos indicadores de tres: el índice de mariposas de los pastizales, la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas y las reservas de carbono orgánico en tierras de cultivo. Pide además reparar la mitad de las turberas (humedal en el que se acumula material orgánico en descomposición) drenadas para 2025, una de las formas más rentables de reducir las emisiones del sector. A petición del Parlamento, la ley incluye un «freno de emergencia» que permitirá suspender los objetivos para los agroecosistemas en circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias para una producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE.
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