Madre, hija y abuela se enfrentan a un desahucio pese a su vulnerabilidad: la casera ocupa un alto cargo en una tecnológica

Verónica lleva viviendo 20 años en el barrio del Pilar en Madrid y en la misma casa, junto a su hija menor de edad y su madre, los últimos ocho. Este viernes, sin embargo, si nada cambia, esta familia será desahuciada. La casera, que ocupa un alto cargo en una empresa tecnológica en Reino Unido y vive allí, no está dispuesta a renovar el contrato de alquiler a pesar de que desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos han tratado de llegar a un acuerdo razonable para evitar que Verónica y su familia se queden en la calle.

Al otro lado del teléfono, Marta dice entre lágrimas que nunca habría imaginado verse en esta situación así, sobre todo porque tiene trabajo y no ha dejado de pagar en ningún momento los 750 euros mensuales de alquiler. En este último tiempo ha tratado de buscar una casa por un precio similar en el barrio, pero ha sido misión imposible, ya que ahora le piden cerca de 1.000 euros y con su nómina no alcanzaría para llegar a final de mes. Y no solo se trata del aumento de precios, sino de los muchos requisitos que exigen las agencias inmobiliarias y los caseros, que se han normalizado en los últimos años. “No tengo pareja, soy familia monoparental con una hija a mi cargo y, aunque mi madre cobra la pensión mínima, no podemos afrontar una subida de tanto dinero” más los gastos habituales, cuenta a Infobae España, al tiempo que lamenta que “la trabajadora social no ha querido ayudarlas”. “Esto no se lo deseo a nadie”.

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Frente a esta situación, los Servicios Sociales “solo han propuesto dividir a la familia”, lamenta el sindicato, pues le recomendaron a Verónica que alquilara una habitación para ella y su hija y que su madre fuera a un geriátrico. “Es vergonzoso tener que escuchar eso por parte de las instituciones públicas”, añaden, cuando esta mujer, como les ha sucedido a tantas otras personas cuando termina su contrato de alquiler, se encuentra en el “precipicio de un desahucio invisible”.

Verónica, por su parte, admite que podría vivir “en cualquier lado”, pero le preocupa su hija, porque siempre ha vivido en el mismo barrio y teme que los cambios puedan afectarla, pues tiempo atrás sufrió ataques de ansiedad. “Quiero que siga viviendo aquí y que pueda seguir estudiando en el mismo instituto”.

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En este caso, además, la casera obligó a Verónica a firmar una “cláusula abusiva” por la que ella y su familia renunciaban a la intervención de la justicia y se sometía al procedimiento de arbitraje, es decir, ya no es un juez el encargado de determinar el desahucio, sino un árbitro especializado en la materia, explica el abogado Víctor Palomo, del Sindicato de Inquilinas. “Este proceso no tiene las mismas garantías procesales que un juzgado y cuando llega la demanda, solo tienes siete días naturales para reaccionar, no tienes las garantías de defensa y no puedes pedir justicia gratuita”, indica, y recuerda que se trata de una fórmula que “vulnera directamente todos los derechos de Verónica a defenderse”.

Esta era precisamente la última cláusula del contrato de Verónica y en su momento no se percató de lo que implicaba, pero cada vez es más común ver este tipo de tácticas para que los inquilinos tengan “muchas más complicaciones para defenderse”, según denuncia el sindicato, que sigue recordando que la vivienda es un derecho.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre el Gobierno prorrogó hasta 2025 la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, así como la imposibilidad del corte de suministros básicos de luz, agua y gas. Sin embargo, tal y como demuestra el caso de Verónica, las principales razones por las que se siguen produciendo desahucios es porque los requisitos de vulnerabilidad económica que se deben acreditar para paralizarlos son demasiado exigentes y no todos los pueden cumplir. A esto se suma que el proceso no se suspende inmediatamente en caso de que se acrediten los requisitos fijados, sino que depende de la decisión del juzgado de turno en muchos casos.

Y de momento como la ley no lo ha impedido, el desahucio de Verónica, su hija y su madre sigue programado para este viernes por la mañana.