Qué es el Consell de la República, el organismo por la independencia que preside Puigdemont y que emite un DNI catalán que no sirve para hacer trámites

El Consell de la República Catalana pretendía ser un gobierno paralelo una vez Carles Puigdemont fue destituido como presidente de la Generalitat de Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución, aplicado tras el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia en falso. Pero se trata de una entidad de carácter privado cuya función práctica es interferir en la política regional y nacional. Su sede está en Waterloo, en Bélgica, donde vive Puigdemont desde su fuga para no responder ante la justicia en España. Llama a su residencia, de 500 metros cuadrados, Casa de la República.

La entidad parte de la premisa de que un govern no podrá llevar a término una secesión porque siempre se impondrá la “represión del Estado español”. Por esto, hace de lobby y mantiene una agenda con el espíritu del 1-O y el objetivo de hacer efectivo el “derecho histórico del pueblo catalán a la soberanía nacional”. Su presidente, huelga decir, es Puigdemont, con el exconseller Toni Comín, también huido, también eurodiputado, como número dos. Bajo los altos cargos, una asamblea de representantes compuesta por un centenar de miembros se supone que con voz para controlar la acción política, aprobar el presupuesto o promover cambios internos.

Aunque nació con la intención de ser transversal, y así pudiera parecer porque Puigdemont es de Junts y Comin era próximo a ERC, el Consell apenas tiene reconocimiento de los republicanos o de una CUP en horas bajas. Dice contar con algo más de 100.000 inscritos, que para ser tal han de pagar una cuota inicial de 10 euros. Puigdemont aspiraba al millón de asociados. El organismo también está abierto a las donaciones y recalca que no recibe dinero público. Su presentación tuvo lugar en el Palau de la Generalitat el 30 de octubre de 2018 y se apoya en unos estatutos de 44 páginas que explican el funcionamiento, la estructura y la misión.

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En abril de 2021, Puigdemont quiso dar un nuevo impulso al Consell lanzando un carné a modo de DNI llamado Identitat Digital Republicana, pero que sirve de poco más allá que para mostrar la vinculación con el proyecto. Serviría, según su promotor, para hacer trámites con la administración catalana pero no “a corto plazo” porque, lamenta, la Generalitat “sigue siendo autonómica”. Pese a todo esto, la entidad cobra por expedirlo entre 6 y 12 euros. No caduca y se puede cancelar con facilidad a través de la web en caso de pérdida o robo, tranquilizan desde el Consell, que asegura que el fin es crear comunidad y cohesionar a todos los integrantes.

El pasado octubre, y mientras Junts negociaba la investidura de Pedro Sánchez con el PSOE, el Consell, para reforzar su imagen de organismo con una fuerte democracia interna, convocó una consulta sobre si se debía facilitar o no la continuidad de Sánchez en la Moncloa. Una amplísima mayoría, en concreto un 74,9% de los inscritos, de las bases, expresaron su rechazo, es decir que debía bloquearse esa investidura, para la que Junts era y finalmente fue fundamental. Semanas después, el partido firmaba un acuerdo con los socialistas para hacer exactamente lo contrario, todo a cambio de la amnistía para que Puigdemont pueda regresar a España.