La nueva versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta española para realizar la transición ecológica, establece un aumento de la ambición climática y tendrá, según el Gobierno, un impacto positivo en el PIB, el empleo, la recaudación y la renta de los hogares. Sin embargo, las cifras previstas por el Ejecutivo descansan en gran medida sobre la inversión privada, no consideran “posibles efectos” sobre la competitividad y se han calculado asumiendo que “el resto de países del entorno implementarán políticas similares”.
El nuevo PNIEC, remitido a la Comisión Europea como borrador y abierto a consulta pública hasta septiembre, contempla en su escenario central que el PIB aumente más de lo que estimaba el anterior plan energético de 2021. En concreto, prevé un aumento de entre 25.212 millones de euros anuales y 34.729 millones en el periodo 2025-2030 respecto al escenario tendencial.
En cuanto al empleo, el número total de personas empleadas aumentaría entre 430.000 y 522.000 personas al año en dicho periodo, un incremento del 2,6% respecto al escenario tendencial. Las ramas de actividad que más se beneficiarían son comercio y reparación, industria y energía y construcción y esta nueva versión ya no contempla pérdida de empleos en ninguna rama, como si lo hacía el anterior plan, con una destrucción de unos 700 empleos en industrias extractivas. Ambos impactos, en el PIB y en el empleo, se deberán, sobre todo, a las inversiones en renovables e hidrógeno verde y al ahorro y eficiencia energética y variarán según evolucione el precio de los combustibles fósiles.
El plan también prevé que este aumento del empleo y la actividad económica “inducida por el PNIEC” tenga un impacto positivo sobre la recaudación manteniendo los mismos tipos impositivos, de manera que “cubrirían con creces” los recursos públicos necesarios para financiar las medidas de transición ecológica. Además, anticipa que los hogares de menor renta serán los que más se beneficien de los efectos económicos del plan mediante un aumento de su renta disponible.
Según los cálculos del Ejecutivo, el 20% de los hogares más pobres aumentaría su renta en un 2,4% frente al incremento del 1,4% del 20% de los hogares más ricos debido, principalmente, a que los quintiles más bajos absorberán una mayor proporción de las nuevas rentas salariales generadas por el aumento del empleo.
Posibles limitaciones: costes tecnológicos y políticas de otros países
Todos estos impactos macroeconómicos están sujetos a “limitaciones”, según reconoce el propio borrador en su apartado 4.6. La primera es que las “inversiones adicionales”, es decir, la inversión privada, supone el 84,69% de las inversiones totales del plan (249.000 millones) y de ellas dependen, en gran medida, los resultados. Esto conlleva un alto impacto de cualquier aumento o disminución de las mismas respecto al escenario previsto.
“Las inversiones tienen un componente de incertidumbre inherente a cualquier previsión a 2030 que depende, entre otros factores, de la reducción de costes esperada en las diferentes tecnologías”, reconoce el plan. El otro 15,31% de inversiones (45.000 millones) correrán a cargo del sector público y el 70% de estas ya están garantizadas por los fondos Next Generation.
En segundo lugar, se señala que la actividad y los empleos finalmente generados “dependerán de la capacidad de cada sector para aprovechar las oportunidades de las cadenas de valor globales”. Además, el documento avisa de que “no se han considerado posibles efectos sobre la competitividad” porque “se asume que el resto de países del entorno implementarán políticas similares”, de manera que el diferencial de precios entre la producción doméstica y las importaciones permanece constante en las previsiones de impacto económico del Ejecutivo.
Más allá de estos cálculos gubernamentales, no disponemos de demasiados análisis de instituciones sobre los costes y el impacto de la transición ecológica en España. El Banco de España señala en su Informe Anual de 2022 que España cuenta con una buena posición para hacer la transición al ser el segundo país de la UE con mayor potencial de producción de energía eólica terrestre y el primero de energía solar, pero pone el acento sobre la competitividad de las empresas, especialmente a nivel europeo. “Evitar una pérdida de competitividad de la UE frente al resto del mundo durante el proceso de transición ecológica no será tarea fácil”, reconoce.
El informe cita como medida que va en la buena dirección el Plan Industrial del Pacto Verde a nivel europeo, pero llama a poner la atención en las políticas de invertir “masivamente” en innovación ecológica de EEUU a través del IRA (Inflation Reduction Act) y en la política de países con una “ambición climática relativamente reducida”, que pueden tener “cierta ventaja competitiva” a corto plazo. A esto se añade una posible “distorsión” del mercado único europeo por la relajación de la normativa de las ayudas de Estado, la generación de posibles cuellos de botella de algunas materias primas y unas mayores exigencias de desarrollo de tecnologías que actualmente se encuentran en fases iniciales o con costes no competitivos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, no se ha pronunciado por el momento sobre el impacto de la transición ecológica en las cuentas públicas españolas y en el escenario macroeconómico, pero su presidenta, Cristina Herrero, ha comentado en reiteradas ocasiones que la institución se encuentra recopilando información al respecto y trabajando en una metodología para emitir un análisis en el medio plazo, como deberán hacer el resto de instituciones asimiladas a la AIReF en el resto de estados miembros.
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