La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este jueves con los sindicatos UGT y CCOO un acuerdo sobre el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como Estatuto del Becario. Antes de entrar en vigor el texto tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros y por la Diputación Permanente del Congreso al estar disueltas las cortes por la convocatoria electoral y ninguno de los dos pasos está cerrado por el momento.
Según ha afirmado Adrià Junyent durante la firma, secretario confederal de Juventud de CCOO, el estatuto pone fin a la “liberalización de las prácticas” que se produjo con el Real Decreto 1543/2011 del Gobierno de Mariano Rajoy. El real decreto acordado entre Yolanda Díaz y los sindicatos, del que se han descolgado la patronal y las universidades, define los ámbitos donde se pueden hacer prácticas no laborales: estudios de formación profesional, estudios universitarios y en el catálogo de especialidades no formativas. Fuera de estos supuestos no se podrán fijar prácticas, por lo que las empresas tendrán que contratar a todos los efectos.
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El estatuto determina los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito de la empresa, limitando las horas. En concreto, se establece un límite para las prácticas curriculares del 25% de las horas que se concreten en los créditos ECTS; las prácticas extracurriculares no podrán superar el 15% de esa medida ni tampoco las 480 horas y las prácticas de los títulos propios tampoco podrá superar el 25% de los créditos de la titulación, aunque los que tengan una duración mínima de 60 ECTS podrán establecer prácticas de tres meses.
Compensación mínima y régimen sancionador
La realización de todas las prácticas no laborales requerirá de un acuerdo o convenio de cooperación y de un plan formativo y se define un catálogo de derechos y obligaciones para las prácticas, incluyendo la extensión de la prevención de riesgos laborales a los becarios.
También contempla la compensación mínima de los gastos directos derivados de realizar las prácticas, como son los de desplazamiento, alojamiento y manutención y obliga a la conciliación entre las prácticas y los estudios así como al respeto de bajas por enfermedad y al disfrute de las vacaciones que correspondan. Además, prohíbe que las personas estudiantes tengan que pagar para acceder a formación práctica en la empresa.
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El texto acordado también establece un régimen sancionador de entre 7.501 euros y 255.018 euros, según la gravedad del incumplimiento, y descansa en la Inspección de Trabajo la labor de comprobar los acuerdos para la formación práctica en la empresa y el cumplimiento de los derechos y obligaciones que establece el estatuto.
Los sindicatos piden aprobación “inminente”
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado el acuerdo como de “poner el broche” a la reforma laboral, ya que el Estatuto del Becario se recogía en una disposición adicional de la misma. “Este acuerdo lo podríamos haber firmado en el mes de octubre, pero queríamos poder arrastrar a la CEOE”, ha reconocido Álvarez. Según el sindicalista, “todo estaba previsto para la firma” en las últimas semanas, pero la convocatoria electoral para el 23 de julio ha frustrado el acuerdo tripartito.
Tanto UGT como CCOO piden la aprobación “inminente” del acuerdo. “No queremos que pase de esta legislatura sin que estas personas tengan esta protección”, ha afirmado Álvarez. Su homólogo de CCOO, Unai Sordo, ha criticado además a los rectores por posicionarse contra el texto. “La falta de suficiente financiación de nuestro sistema universitario no puede tener como consecuencia que la regulación de las becas se califique que va a llevar a la insostenibilidad”, ha señalado. Y ha pedido que se deje de “exagerar”.
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