Madrid, 12 jun. Los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) han comenzado este lunes tras un largo periplo judicial y político marcado por una sentencia histórica que en 2016 reconoció el derecho de los familiares de los hermanos Lapeña a recuperar sus cuerpos.
Hasta ahora, las únicas exhumaciones de víctimas del Valle habían tenido lugar en 1980, cuando se extrajeron restos de 133 enterrados navarros en este enclave, ubicado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Además, en 2019 se exhumaron los restos del dictador Francisco Franco por orden del Gobierno de Pedro Sánchez y el pasado 24 de abril los del fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, en aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática.
Pero en el recinto del Valle de Cuelgamuros, considerado la mayor fosa común de España, permanecen enterrados 33.833 restos de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil.
De ellos, 128 han sido reclamados por sus familiares y se exhumarán con los trabajos forenses iniciados este lunes tras un largo periplo judicial y político que el propio Gobierno recuerda en un apartado de la nueva página web del Valle de Cualgamuros.
2010: PROSPECCIÓN DE LAS CRIPTAS
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero encargó una prospección forense de las criptas del Valle en 2010 que dio lugar al informe 'Viabilidad de identificación en los enterramientos del Valle de los Caídos'.
El informe, publicado en 2011, alertaba de las dificultades técnicas para la identificación individual de los restos a causa del deterioro de las criptas.
Sin embargo, una Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos, constituida ese mismo año por iniciativa del Gobierno, reconoció el derecho moral de los familiares que solicitaran las exhumaciones.
2016: SENTENCIA DE LOS HERMANOS LAPEÑA
Una sentencia histórica reconoció en 2016 el derecho de los familiares de los hermanos Lapeña a exhumar sus restos.
Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, naturales de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), fueron fusilados en 1936 por los franquistas, enterrados en Calatayud (Zaragoza) y luego reinhumados sin permiso de la familia en el Valle en 1959.
INFORMES TÉCNICOS DE VIABILIDAD
Como consecuencia de esta sentencia, Patrimonio Nacional (que administra el recinto del Valle) solicitó informes técnicos de viabilidad, entre ellos uno elaborado por el Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense que establecía un procedimiento para llevar a cabo las exhumaciones y especificaba las características del equipo técnico necesario.
A finales de 2020, el Consejo Médico Forense valida el procedimiento para efectuar las exhumaciones diseñado por el médico forense Francisco Etxeberria, asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
2020: DERECHO DE EXHUMACIÓN PARA TODAS LAS FAMILIAS
A partir de 2020, Patrimonio Nacional reconoce el derecho de exhumación a todas los familiares de víctimas que lo reclamen y que puedan acreditar que los cuerpos están enterrados en las criptas del Valle.
El número de familias que ha reclamado restos se ha elevado con el paso del tiempo hasta llegar en la actualidad a 128.
2021: SUBVENCIÓN PARA LAS EXHUMACIONES Y COMISIÓN DE TRABAJO
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2021 una subvención de 665.000 euros para las exhumaciones, así como la creación de una Comisión de trabajo de asesoramiento forense en el mes de junio de ese mismo año.
2021: LICENCIA PARA LAS OBRAS E INICIO DE LOS TRABAJOS
En junio de 2021, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional la licencia urbanística para las obras de exhumación, pero la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica recurrió esta medida porque consideraba que ello influiría en la "necesidad de respetar el sagrado reposo eterno" de los fallecidos y sus familias.
A la espera de un nuevo pronunciamiento judicial, en septiembre de 2021 comenzaron los trabajos previos para la exhumación de víctimas enterradas en el Valle.
2021: SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA Y PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid suspendió en noviembre de 2021 la licencia de obra al entender que eran "evidentes" los daños que se podrían causar si se hacían las obras antes de tener una sentencia definitiva, ya que "la construcción originaria habría desaparecido".
Por este motivo, quedaron paralizados los trabajos de preparación para las exhumaciones.
2022: REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXHUMACIÓN
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó en junio de 2022 la suspensión al estimar el recurso de apelación de la abogada del Estado contra el auto del juzgado, pero el fallo del tribunal autonómico fue recurrido en casación.
Poco después, en diciembre de 2022, comenzaron los trabajos previos para las exhumaciones, consistentes en habilitar los accesos a los columbarios, asegurar las estructuras arquitectónicas que lo necesitaran e implementar los protocolos de seguridad laboral.
2023: EL TRIBUNAL SUPREMO DA LUZ VERDE A LAS EXHUMACIONES
El Tribunal Supremo rechazó en marzo de 2023 el recurso de la Fundación Francisco Franco y de un particular que abogaban por paralizar los trabajos, lo que allanó el camino de las exhumaciones tras años de embrollo judicial. EFE
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