(Actualiza con la respuesta de la abogada de la familia de Romina Celeste Núñez a la información difundida por el TSJC)
Las Palmas de Gran Canaria, 9 jun. La defensa de la familia de Romina Celeste Núñez recibió en 2020 un aviso formal del Juzgado de Arrecife (Lanzarote) que investigaba su homicidio de que los restos que quedaban de la joven, un fragmento de pulmón, iban a ser destruidos en un plazo de tres meses y no alegó nada en contra, como tampoco lo hicieron la Fiscalía y el Instituto Canario de Igualdad.
En concreto, ese aviso del Juzgado se entregó a las 16:56 horas del 17 de enero de 2020 a la procuradora de la letrada de la familia, que acusó recibo de forma telemática tanto de esa comunicación del Juzgado (una diligencia de ordenación) como del informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses sobre lo que se iba a hacer con esos restos de la joven si nadie objetaba algo en contra.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha hecho públicos estos datos ante la situación creada por unas manifestaciones de la actual abogada de la familia de Romina Celeste, Emilia Zaballos, quien este miércoles denunció que el Juzgado no avisó a las partes de que los restos iban a ser destruidos, para disgusto de la madre de la joven, que quería enterrarlos en Paraguay.
"La muestra objeto de estudio será custodiada durante un periodo de tres meses a partir de la fecha de emisión de este informe, procediéndose a su destrucción transcurrido este tiempo. Rogamos si tienen que hacer alguna alegación al respecto, lo comuniquen antes de que transcurra este plazo", decía el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que acreditaba, por las pruebas de ADN, que ese fragmento de pulmón pertenecía a Romina Celeste Núñez.
Y la tres acusaciones presentes en el caso (familia, Fiscalía e Instituto Canario de Igualdad) recibieron ese documento, de solo cuatro páginas, que incluía esa advertencia en la hoja 3 bajo el epígrafe "Nota de custodia", porque se lo trasladó el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado numero 1 de Arrecife junto a una diligencia de ordenación notificada con acuse de recibo.
El TSJC precisa que en el Juzgado de Lanzarote que estuvo al cargo del caso Romina "no se ha registrado ningún escrito de ninguna de las partes personadas en el caso interesando la conservación del resto biológico, ni se ha remitido oficio alguno a la representación o a la dirección legal de la familia de la víctima indicándole que se le entregaría el trozo del pulmón en el acto del juicio oral celebrado en pasados días en la Audiencia Provincial de Las Palmas".
La actual letrada de la madre de Romina, Emilia Zaballos, ha anunciado que pedirán que al menos se proporcione a la familia la muestra de tejido con la que se hizo el examen de ADN, por si desea darle sepultura de forma simbólica como despedida a su hija.
Romina Celeste Núñez desapareció de su casa de Costa Teguise (Lanzarote) la madrugada del 1 de enero de 2019. Ante la preocupación de su familia por la falta de noticias sobre ella, su marido, Raúl Díaz Chacón, denunció su desaparición ante la Guardia Civil.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad reunieron indicios que lo señalaban como presunto autor de su muerte y lo detuvieron a las dos semanas. Hasta el mismo día de inicio del juicio, el pasado 2 de junio, Díaz Chacón siempre mantuvo que se encontró a su mujer muerta al llegar a casa y que se deshizo de su cuerpo quemándolo y tirándolo al mar en varios puntos de la costa porque tenía miedo de que lo culparan (Romina ya lo había denunciado por violencia machista).
Sentado ante el Jurado, el procesado reconoció por primera vez que mató a su mujer, tras haberla sometido a varios episodios de malos tratos las semanas previas, y también que quemó y descuartizó su cadáver y lo tiró al mar. Solo se recuperó el fragmento de pulmón.
Tras conocer esta respuesta del TSJC, la letrada Emilia Zaballos se ha ratificado en su queja: "Es mentira. Lo que nos notificaron fue un escrito donde dicen que nos dan traslado del informe forense, en el que pone que se procederá a destruirlo y que les den instrucciones", asegura en un comunicado.
Zaballos mantiene que en "ningún momento" el Juzgado de Arrecife al cargo del caso requirió a su cliente, Miriam Rodríguez, "para ver qué quería hacer con los restos de su hija, y era su obligación".
"Una vez más, es mejor tirar balones fuera y tapar los errores de la Justicia en vez de subsanarlos o pedirle a la madre una disculpa, cosa que no ha recibido de la Administración de Justicia tras este nuevo error al día de hoy. La pregunta de siempre: ¿quién juzga al juzgador? ¿Hasta cuándo tenemos que permitir que se tapen los errores judiciales y que lo siga sufriendo el ciudadano?", plantea. EFE
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