Madrid, 7 jun. El Tribunal Supremo aspira este miércoles a cerrar un acuerdo para fijar doctrina sobre la revisión de sentencias firmes por la ley del solo sí es sí, que ha permitido hasta la fecha la rebaja de al menos 1.079 condenas, incluidas 108 excarcelaciones.
El Pleno de la Sala de lo Penal retoma a las 10.00 horas la segunda sesión de su cónclave tras no haber logrado consensuar este martes una posición común sobre la vigencia y aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995, que es la clave de bóveda de este asunto
Fuentes jurídicas consultadas por EFE subrayan que este es el aspecto central a unificar, de manera que solo caben dos opciones: o se aplica o no, pero aquí no hay vías intermedias, precisan las fuentes, que añaden que si se opta por la primera opción, el tema quedaría prácticamente cerrado.
La sesión de este miércoles arrancará con las últimas intervenciones de los 15 magistrados que quedaron pendientes de exponer, tras lo cual se procederá a la votación.
Las fuentes explican que "el debate está siendo muy técnico y complejo" porque "existen muchas matizaciones y singularidades" alrededor de la disposición transitoria que hace que aparezcan "otros temas cruzados" como el juicio de proporcionalidad o la comparación completa y conjunta de los códigos penales.
La disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995 establece que cuando la pena impuesta sea también imponible con arreglo a la horquilla que fija la nueva norma, en este caso la ley del solo sí es sí, no tiene por qué revisarse.
Así, la pregunta es si esta disposición transitoria de 1995 sirve para las reformas posteriores del Código Penal, que no han incluido en sus textos disposiciones transitorias específicas. La Fiscalía General cree que sí.
Con este panorama, el Supremo aspira a fijar una jurisprudencia para aportar claridad a los tribunales autonómicos, que no coinciden en su forma de proceder dado que algunos tribunales sí han rebajado las penas pero otros, en cambio, no lo han hecho.
Para empezar, esta doctrina será de aplicación directa a las 29 sentencias que estudia este pleno con distintas casuísticas, de los cuales en 16 procedimientos las víctimas son menores.
22 de estos recursos provienen de los propios condenados que consideran que las rebajas de sus penas con el nuevo marco legal son insuficientes, mientras que siete son de la Fiscalía.
Según datos facilitados por el CGPJ, hasta el 1 de mayo, los tribunales han acordado al menos 1.079 reducciones de pena en aplicación de la nueva ley, entre ellas 108 excarcelaciones; esto es, el 30 % de las condenas revisadas en España implican una reducción de la pena del reo. EFE
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