El informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), registra avances normativos en Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana.
El documento también identifica áreas en las que los sistemas de justicia pueden ampliar sus mecanismos de asesoramiento ético, prevención de conflictos de intereses y gestión de denuncias dentro de tribunales y fiscalías.
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Los cuatro países disponen de normas de conducta para jueces y reglas éticas destinadas a fiscales. El próximo paso consiste en consolidar herramientas que permitan aplicar esos principios de forma cotidiana. Según el informe, Costa Rica cuenta con instancias de asesoramiento ético tanto en el poder judicial como en la fiscalía.
El reporte plantea la posibilidad de que los sistemas de justicia de la región complementen las normas vigentes con estructuras institucionales que faciliten su cumplimiento, identifiquen riesgos y resguarden a quienes comuniquen irregularidades.
Costa Rica reúne los cuatro mecanismos relevados por la OCDE
Costa Rica figura como el único de los países centroamericanos y caribeños incluidos en el análisis que dispone de los cuatro instrumentos evaluados: normas de conducta para jueces, asesoramiento ético en el poder judicial, normas para fiscales y un órgano consultivo en la fiscalía orientado a prevenir y administrar riesgos de integridad.
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Esta combinación ofrece canales de consulta para casos concretos y favorece la aplicación de las disposiciones éticas. La OCDE señala que las normas obtienen mejores resultados cuando existen instituciones que orientan a los funcionarios, supervisan su aplicación y definen respuestas ante eventuales incumplimientos.
La experiencia costarricense también integra el grupo de países con medidas de protección para denunciantes en el ámbito judicial y fiscal. Para la OCDE, estas garantías contribuyen a preservar la confidencialidad y a reducir los riesgos de represalias.
Guatemala y Honduras pueden complementar sus códigos con instancias de consulta
En Guatemala y Honduras, el informe registra normas de conducta para jueces y fiscales. La creación o consolidación de órganos de asesoramiento ético en el poder judicial e instancias consultivas en las fiscalías podría ampliar la capacidad institucional para abordar riesgos vinculados con conflictos de intereses, regalos u otras situaciones que puedan afectar la imparcialidad.
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Los códigos existentes constituyen una base para ese desarrollo. Los espacios de orientación confidencial permitirían que jueces y fiscales consulten antes de tomar una decisión o ante posibles incompatibilidades.
La OCDE propone complementar los códigos de conducta con mecanismos permanentes de consulta, sistemas de supervisión y protocolos claros. El objetivo es trasladar las obligaciones éticas a prácticas verificables dentro de las instituciones.
República Dominicana puede ampliar el asesoramiento ético en la fiscalía
República Dominicana cuenta con normas de conducta para jueces y fiscales, además de un órgano de asesoramiento ético en el poder judicial. El relevamiento indica que existe margen para desarrollar una instancia consultiva específica en la fiscalía, destinada a prevenir y gestionar riesgos de integridad.
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Un mecanismo de ese tipo podría facilitar criterios comunes frente a conflictos de intereses, declaraciones patrimoniales, recepción de obsequios y deberes de imparcialidad. También abriría una vía de coordinación institucional entre el poder judicial y el Ministerio Público.
El diagnóstico de la OCDE destaca que la independencia judicial puede complementarse con mecanismos de integridad que promuevan controles adecuados y respetuosos de la autonomía de jueces y fiscales.
Los canales de denuncia pueden ganar alcance y capacidades
El informe señala que los mecanismos de denuncia de irregularidades en la justicia y las fiscalías pueden fortalecerse mediante procedimientos accesibles, protección efectiva y personal especializado. Entre los países socios de la OCDE, entre los que se encuentran Guatemala, Honduras y República Dominicana, los canales internos de denuncia estaban presentes en el 47% de los sistemas judiciales y en el 40% de las fiscalías evaluadas.
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El documento recomienda que los marcos de protección incluyan información pública sobre los procedimientos, resguardo de identidad, medidas contra represalias y recursos disponibles para los denunciantes. También propone capacitar al personal encargado de recibir y tramitar los casos.
Entre los países socios evaluados, la capacitación obligatoria sobre confidencialidad alcanzó al 7% del personal de las fiscalías y no tuvo registro en los tribunales. Aunque la cifra no corresponde de forma individual a los cuatro países analizados, permite identificar una oportunidad regional para ampliar la formación especializada.
Datos y tecnología para acercar las normas a los resultados
La OCDE propone orientar las políticas de integridad hacia riesgos concretos y resultados medibles. El informe sostiene que la tecnología y los datos de calidad pueden contribuir a detectar patrones, reforzar auditorías y revisar declaraciones de intereses.
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Para Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, una línea de trabajo consiste en consolidar registros compatibles, definir indicadores de cumplimiento y publicar información que permita seguir la respuesta institucional ante denuncias, conflictos de intereses y faltas éticas.
El reporte concluye que las normas requieren responsabilidades definidas, recursos de supervisión y herramientas institucionales para incorporarse a las decisiones diarias de jueces y fiscales.
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