Exlegislador Romeo Auerbach apela resolución que otorga protección a la diputada Marcela Villatoro

La diputada Villatoro denunció hostigamiento sostenido en redes sociales y medios. El proceso judicial sigue abierto luego de la apelación presentada por Auerbach

La diputada de Arena, Marcela Villatoro, agradeció públicamente a su equipo jurídico por el respaldo en el proceso judicial. / Cuenta de X de Marcela Villatoro

El exdiputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Romeo Auerbach, presentó un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal de Sentencia de San Salvador que ordenó medidas de protección en favor de la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro.

La resolución, de vigencia anual, prohíbe a Auerbach cualquier tipo de contacto o mención hacia la legisladora de Arena, como respuesta a una denuncia de acoso y violencia digital. La noticia, que fue confirmada por medios locales, detalla que el proceso judicial involucra más de 100 publicaciones, entrevistas y mensajes en redes sociales y medios de comunicación atribuidos al exparlamentario.

Según fuentes judiciales, el tribunal dictaminó que Romeo Auerbach no podrá acercarse ni comunicarse con Villatoro de manera directa o indirecta, ya sea mediante terceras personas, plataformas tecnológicas o redes sociales. La resolución también impide “toda mención, publicación, hostigamiento, desacreditación, amenaza, insulto o incitación a terceros para emitir comentarios denigrantes” sobre la diputada Villatoro o su grupo familiar. Además, la instancia judicial incluyó la posibilidad de intervención policial si se detecta riesgo psicológico, físico o emocional para la legisladora o su entorno más cercano.

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En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Marcela Villatoro afirmó: “Este abusador tiene prohibido referirse a mí, a mi familia, publicar contenido sobre nosotros e incluso hacer mención de mi persona”. La parlamentaria remarcó que quienes ejercen funciones públicas están expuestos a cuestionamientos, pero subrayó que los límites legales se activan cuando la crítica deriva en hostigamiento, burlas reiteradas o difusión de imágenes que considera denigrantes.

ARCHIVO: La diputada Villatoro sostuvo diferencias con el exlegislador de Gana en distintas ocasiones durante las sesiones legislativas. / EFE

Tras la emisión de la resolución, Romeo Auerbach decidió apelar la decisión ante una instancia superior. La diputada Villatoro, que informó sobre la resolución el pasado martes, aseguró que, posteriormente a la sentencia, el exparlamentario habría realizado comentarios de manera pública.

Villatoro destaca que los comentarios y mensajes públicos infringen el fallo judicial, por lo que solicitó a la Corte que examine el conjunto total de pruebas, compuesto por más de 100 mensajes, entrevistas, tuits y declaraciones de testigos.

Durante las primeras declaraciones tras la denuncia, Villatoro optó por no revelar abiertamente el nombre del señalado, argumentando respeto por el proceso judicial en curso. Más adelante, extendió su agradecimiento al equipo legal que la respalda, reconociendo la importancia de la defensa de una vida libre de violencia para las mujeres en el ámbito público. La parlamentaria ha insistido en la revisión exhaustiva del material probatorio por parte de los magistrados encargados de la apelación.

La medida de protección tiene vigencia anual, según informó Villatoro. El fallo especifica restricciones estrictas para Auerbach, quien, de acuerdo con la denuncia, habría incurrido en acciones de acoso y violencia digital en más de un centenar de intervenciones públicas. La diputada de Arena ha sostuvido que la reiteración de los hechos motivó su decisión de acudir a la justicia.

Hasta el momento, no se ha emitido una resolución definitiva sobre la apelación presentada por Auerbach. El proceso judicial continúa abierto, y las partes esperan el pronunciamiento de la instancia superior encargada de revisar el expediente. La situación mantiene la atención sobre los mecanismos legales de protección para funcionarios públicos ante casos de violencia digital y acoso en redes sociales en El Salvador.

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