En medio de la situación crítica del sistema universitario por el congelamiento del presupuesto y la caída de los salarios docentes, la diputada nacional Danya Tavela (UCR) presentó hoy un proyecto de ley en el Congreso para establecer criterios de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. La iniciativa también propone “pautas objetivas y transparentes para la distribución presupuestaria”.
El proyecto impulsado por Tavela, ex secretaria de Políticas Universitarias durante el gobierno de Mauricio Macri, declara la “emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional” y busca atenuar el impacto de los aumentos en los bienes y servicios esenciales para que las instituciones puedan cubrir los salarios y los gastos de funcionamiento.
La iniciativa plantea que “de los recursos asignados se debe respetar la relación de 85% para gastos de salarios y de 15% para gastos generales y de funcionamiento”. Además, establece que las partidas para atender gastos de funcionamiento se actualicen bimestralmente con una combinación de la variación del índice general de precios al consumidor (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%).
Tavela, que fue vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA), afirmó que “se comprende y entiende la coyuntura, se entiende el contexto de ajuste y de sinceramiento de variables macroeconómicas y la necesidad de no recurrir al déficit, pero también es necesario garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia, investigación, salud y extensión que cumplen las universidades nacionales”.
El proyecto define que “ante cualquier readecuación que se realice en el presupuesto de las universidades nacionales, deberá preverse la actualización de los gastos de funcionamiento”. Entre otros legisladores, lo apoyan Facundo Manes, Martín Tetaz, Rodrigo de Loredo, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Julio Cobos, Maximiliano Ferraro, Ignacio García Aresca, Esteban Paulón, Mónica Fein y Gerardo Cipolini.
“Es fundamental para nuestro país reconocer el rol que cumple la educación en el camino al desarrollo, progreso y crecimiento de nuestra Argentina y, puntualmente, reconocer el rol de la educación pública universitaria. En virtud de ello, el Estado nacional debe adoptar todas las medidas necesarias que contribuyan a garantizar el ejercicio del derecho a una educación superior de calidad”, planteó Tavela en los fundamentos.
Los rectores universitarios venían pidiendo la actualización de los gastos de funcionamiento (electricidad, materiales, insumos, limpieza, etcétera), congelados en los montos de 2023, pese a los niveles récord de inflación desde diciembre. “Queremos poder pagar los gastos para mantener los edificios abiertos”, dijo Víctor Moriñigo, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Las autoridades de las universidades públicas advirtieron que no cuentan con el presupuesto para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones cuando empiecen las clases. En un comunicado emitido por el CIN, organismo que nuclea a 71 instituciones universitarias públicas, los rectores denunciaron que “de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento” de las universidades públicas.
En sintonía con el resto de las universidades, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires manifestó hace unos días su “extrema preocupación” por la situación presupuestaria de la universidad y pidió al Gobierno nacional “que disponga de un presupuesto actualizado para el presente año que garantice la continuidad de sus funciones académicas, de investigación, salud y extensión, además de la actualización de las partidas vinculadas a paritarias docente y no docente”.
El reclamo de las universidades también abarca los salarios de docentes y no docentes. El próximo jueves 14 de marzo habrá un paro impulsado por el Frente Sindical Universitario, en reclamo por los recortes presupuestarios en las universidades nacionales y por el desplome salarial.
“El Frente convoca a un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el día 14 de marzo con actividades de visibilización por todo el país, invitando a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía a participar de las diferentes actividades que se realizarán”, anunciaron en un comunicado.
“La decisión se da luego del desplante del Gobierno nacional a la paritaria universitaria, en la que las autoridades impusieron por decreto un aumento de un 6% sobre la paritaria 2023, lo que resulta en un atraso salarial del 50% en solo 90 días de gobierno”, expresó Federico Montero, secretario de organización de CONADU.
La caída del salario se agrava en algunas universidades nacionales por el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que afectó a los docentes de los colegios preuniversitarios que dependen de las universidades públicas.