El gobierno porteño destinará a Educación más del 20% del presupuesto en 2024

Es la principal partida entre los gastos proyectados para el año próximo en la Ciudad de Buenos Aires. La cifra supone una mejora con respecto a los últimos años

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alumno escribiendo en un cuaderno
CABA y las provincias son responsables del 75% del financiamiento educativo en el país (Getty Images)

El año próximo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) destinará el 20,2% de los fondos públicos al sistema educativo, según surge del proyecto de Presupuesto 2024 enviado este lunes a la Legislatura. Educación aparece como la principal partida del presupuesto porteño, seguida por seguridad (15,4%) e inversión de capital (15%). Entre educación, salud y promoción social se llevan una participación del 64% del gasto total, informó el gobierno.

El presupuesto contempla una inversión en educación de 1 billón 169 mil pesos. “Tomando el valor del dólar oficial proyectado, el presupuesto educativo sería equivalente a más de 2 mil millones de dólares”, señaló el Ministerio de Educación porteño en un comunicado.

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La proporción de fondos destinados a educación en CABA representa una mejora con respecto a los últimos años, en los que se venía registrando una caída de la participación de esa partida dentro del presupuesto general (lo que suele llamarse el “esfuerzo presupuestario” destinado a educación).

Al observar el gasto en educación como porcentaje del presupuesto total de la Ciudad, se observa que esa cifra ascendía al 26,6% en 2010 y empezó a descender a partir de 2012. En 2021 la educación representó el 17,8% del presupuesto total de la Ciudad, según datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de CABA.

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De acuerdo con el informe “Financiamiento educativo provincial”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, CABA fue la jurisdicción en la que más cayó el esfuerzo presupuestario en educación entre 2004 y 2021: la reducción fue de 8,8 puntos porcentuales. En segundo lugar quedó Mendoza, donde la caída fue de 7,3 puntos porcentuales, según la misma fuente.

En el período 2004-2021, la participación de la educación dentro del presupuesto cayó en 12 de las 24 jurisdicciones argentinas. La relevancia del dato queda más clara al tener en cuenta que CABA y las provincias son responsables del 75% del financiamiento educativo en el país.

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Soledad Acuña (Gastón Taylor)

Desde el Ministerio de Educación de CABA han argumentado que, al observar la evolución del presupuesto en los últimos años, es importante considerar que la Ciudad incorporó nuevas competencias que fueron transferidas del gobierno nacional a la jurisdicción, “tales como el traspaso del servicio de subterráneos en el año 2012, nuevas competencias en materia de Justicia, y el servicio de Seguridad en 2016 (entre otros factores)”. Y agregaron: “Como consecuencia obvia de esto, los pesos relativos de todas las reparticiones se reducen”.

Otro dato relevante que se desprende del trabajo de Argentinos por la Educación, realizado por Javier Curcio (UBA/IIEP), Martín Nistal y Víctor Volman, es que todas las jurisdicciones dedican más del 65% de sus presupuestos educativos al pago de salarios de docentes y no docentes. En CABA, el pago de salarios se lleva el 69% del presupuesto educativo, una proporción similar a la de Formosa (también 69%) y San Luis (66%). En cambio, hay provincias, donde los salarios se llevan 9 de cada 10 pesos del presupuesto, como Chubut (91%) y Neuquén (86%).

El presupuesto para la educación también se está discutiendo a nivel nacional, a raíz del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo impulsado por el oficialismo. Esta semana podría haber dictamen de mayoría en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para el proyecto oficialista, que prevé elevar la inversión hasta el 8% del PBI en 7 años.

El proyecto establece que se deberá destinar el 6,5% del PBI a la cobertura de 45 días a 3 años, la educación obligatoria (desde sala de 4 hasta secundaria) y la educación superior de formación docente, y el 1,5% restante a la educación universitaria. Sin embargo, a nivel nacional la meta de financiamiento que fija la ley actual –6% del PBI– solo se cumplió una vez en los últimos 12 años.

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