Cuál es el conflicto con las viandas escolares que los estudiantes alegan para justificar las tomas de colegios

Dentro del amplio abanico de reclamos, el principal punto de discordia entre los centros de estudiantes y el gobierno porteño son las viandas escolares. Los alumnos que impulsan las tomas de colegios denuncian la intromisión política de las autoridades, se oponen a las prácticas laborales en empresas, pero sobre todo insisten en que las viandas son de “mala calidad” e incluso dicen que ya generaron intoxicaciones.

Al respecto, el presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola”, Federico Lavagnino, señaló: “Todes les que estudiamos en la Ciudad de Buenos Aires sabemos de al menos un caso de intoxicación por el mal estado de la comida que entregan en los colegios. Incluso algunos casos de hospitalización. Todos los días traen solamente un sandwich de paleta y queso, que habitualmente llega congelado, y frutas, que casi siempre se encuentran en mal estado”.

Lo que los chicos llaman “viandas”, para el Ministerio de Educación porteño son “refrigerios”, que efectivamente se componen de la entrega de un sánguche de paleta y queso y una fruta o barra de cereal por día. “Lo que hay que remarcar es que ese refrigerio no es el almuerzo. Es una colación a la que acceden los estudiantes que solicitan una beca, y se consume a media mañana o media tarde”, aclararon fuentes de la cartera educativa a Infobae.

Ese refrigerio no es para todos los estudiantes. Tan solo alcanza a los alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria que lo solicitan. Lo que sí llega a todos los chicos son el desayuno y el almuerzo para las escuelas de doble turno, que en general son los jardines y primarias públicas. La mayoría de las secundarias funcionan a jornada simple.

Según los datos oficiales, 291 mil alumnos de 1.543 establecimientos acceden a los servicios alimentarios, que responden a la Ley 3704, cuyo objetivo es “promover alimentación saludable, variada y segura”.

El menú que está vigente se elaboró en 2018 y su diseño estuvo a cargo de la Dirección General de Servicios a las Escuelas (DGSE), conformado por 26 nutricionistas y dos licenciados en tecnología industrial de alimentos. “Para la confección de los menús escolares se tienen en cuenta los gustos y hábitos alimentarios de los chicos y los requerimientos nutricionales a cumplir en cada nivel escolar”, afirman.

De acuerdo al gobierno porteño, las mejoras en los menús se reflejan en mayor presencia de verduras y frutas, más cantidad de legumbres, mejor calidad de hidratos de carbono, inclusión de carne de cerdo y el reemplazo de la panera del almuerzo por una fruta más a la semana. El agua es la bebida que acompaña todas las comidas.

Pero para los centros de estudiantes el panorama que ofrece el gobierno porteño choca con la realidad. Federico Huberman, integrante de Lobo Suelto, una organización estudiantil que nuclea colegios secundarios, explicó: “El reclamo son más y mejores viandas: Las que llegan no son suficientes y en la mayoría de los casos no están en buen estado. Llegan sánguches en los que el queso tiene hongos, frutas en mal estado. No es un reclamo nuevo, es una constante desde hace años en las escuelas. Por eso queremos discutir un proyecto de alimentación saludable para todos los colegios de la Ciudad”.

Los estudiantes denuncian que el presupuesto asignado para desayuno es de 37 pesos por cada chico. Los doce mil seiscientos millones de pesos de presupuesto total se reparten entre 19 concesionarias que brindan desayuno, almuerzo y refrigerio. El precio unitario del servicio de comedor a principios de este año era de poco más de 300 pesos y el refrigerio de 105 pesos.

En el ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña están convencidos que las tomas son “fogoneadas por el kirchnerismo” y que el reclamo puntual por las viandas atiende a un proyecto de ley que presentó Ofelia Fernández en la Legislatura: “La Ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas”.

La propuesta, presentada en abril, apunta a prohibir que las empresas que ya fueron multadas por brindar un mal servicio puedan seguir proveyendo alimentos. También propone que las frutas y verduras sean producidas por cooperativas agroecológicas y que se incentive la compra de alimentos a pymes, así como la creación de una comisión interdisciplinaria integrada por nutricionistas y actores de la comunidad educativa que controlen los menús y su implementación.

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