El decreto que firmó el presidente Mauricio Macri generó enorme revuelo en el ambiente educativo. La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, iguala la participación de los gremios en la mesa nacional de negociaciones. Además, oficializó la decisión de no convocar más a la paritaria nacional para definir el piso salarial de las provincias.
Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, respaldó el decreto en diálogo con Infobae: "Viene a ordenar una serie de confusiones porque los gremios creían que esto era una paritaria y en realidad no lo era. Especificamos todas las materias que van a ser objeto de discusión con los gremios".
El conflicto docente de 2017 se desató por la negativa del Gobierno a discutir el salario a nivel nacional. Ahora, el decreto reglamenta un piso fijo. En 2016 se estableció que el salario mínimo docente en todo el país no podría ser inferior a un 20% por encima del mínimo vital y móvil.
El decreto modifica el artículo 10 que estipula un "convenio marco" para discutir el salario mínimo, además de condiciones laborales, calendario educativo y carrera docente. "Lo de convenio marco es una redacción cuidadamente confusa porque no se entiende qué es. Una paritaria nacional es algo que el Gobierno no tiene para dar. Los empleadores son los gobernadores provinciales", sostuvo Finocchiaro.
La norma pone en igualdad a los gremios docentes en la mesa de negociación salarial. La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el gremio mayoritario, que hasta hoy tenía 5 votos, pasará al igual que el resto, a disponer de un solo representante. "Se hace para que sea mucho más plural y más ágil la discusión. Durante diez años se escuchó una sola voz", remarcó el ministro de Educación.
En las próximas mesas de negociación no se tocará el salario, que quedó asentado con un piso de 20% por encima del mínimo vital y móvil. Se discutirá sobre condiciones laborales, cantidad de días de clases y receso, formación docente y derechos previsionales. Se sentará un representante de cada gremio a excepción de SADOP, el sindicato de los docentes privados, ya que en el Gobierno consideran que debe arreglar con las cámaras del sector.
En cuanto a la expectativa de convocatoria para la mesa nacional de febrero, Finocchiaro expresó: "Soy optimista. Entiendo que la mayoría de los gremios va a aceptar este canal de diálogo. Podrá haber algún gremio que no quiera participar, pero el problema es de ellos".
Distintas voces de la educación comprendieron la necesidad del decreto. Alieto Guadagni, director del Centro de Estudios de la Educación Argentina, señaló: "El decreto responde al carácter de federalismo que se inscribe en la legislación argentina. El Estado nacional no es responsable de la educación inicial, primaria y secundaria. Eso es tarea de las provincias. El Estado solo es responsable directo de la universidad".
Por su parte, como era de esperar, también despertó un profundo rechazo de los sindicatos. En diálogo con Infobae, Roberto Baradel, secretario general adjunto de CTERA, calificó al decreto como un "mamarracho jurídico que viola la libertad sindical". Apuntó que los que "no se callan" pasan a ser "inmediatamente enemigos del Gobierno" y anunció que harán las denuncias respectivas en la OIT y en la Oficina Internacional de la Educación.
Sergio Romero, secretario general de UDA, dijo que el punto que le preocupa es el referente al salario. "No se puede atar al mínimo vital y móvil. Si no hay una negociación nacional, se genera una brecha enorme en las provincias porque no todas están en las mismas condiciones para pagar".
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