El gobierno abre una ronda de negocios para acercar las empresas locales a los USD 50.000 millones ya comprometidos del RIGI

El Ministerio de Economía lanzó la primera Ronda de Negocios RIGI, un encuentro que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre en Rosario, con el objetivo de conectar a empresas proveedoras de bienes, servicios, tecnología y obras con los grandes proyectos de inversión adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa se da en un momento en que el régimen ya tiene 23 proyectos aprobados con compromisos de inversión por casi USD 49.766 millones y otros 24 en evaluación que suman USD 159.480 millones adicionales.

El encuentro, organizado por la cartera que conduce Luis Caputo, está dirigido tanto a proveedores nacionales de todos los sectores como a las denominadas “empresas tractoras” —los grandes proyectos de minería, industria e infraestructura que forman parte del régimen—. El objetivo es que ambas partes tomen contacto directo, conozcan los cronogramas de inversión previstos y detecten oportunidades de abastecimiento actuales y potenciales. La participación no tiene costo y las inscripciones están abiertas: los proveedores pueden anotarse hasta el 13 de octubre, mientras que las empresas tractoras tienen plazo hasta el 8 de octubre.

La UIA respaldó la medida

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró el anuncio y lo calificó como una oportunidad para que el entramado productivo del país capture parte de los desembolsos que generan esos emprendimientos, en un momento en el que la industria es uno de los sectores más golpeados por el nuevo modelo económico. “Celebramos la iniciativa anunciada por el ministro de Economía sobre las Rondas de Negocios RIGI para vincular a los proyectos de inversión con proveedores locales”, señaló la entidad que conduce Martín Rappallini en un comunicado, al momento de la confirmación del evento. La organización destacó que el esquema forma parte de un trabajo conjunto con el Ministerio y subrayó que las grandes inversiones “pueden y deben generar oportunidades para todo el entramado productivo argentino”.

El respaldo de la UIA, sin embargo, llega en un contexto de fuerte contracción manufacturera. La actividad industrial acumula una caída del 2,6% en lo que va del año, con una utilización de la capacidad instalada del 58,2% en julio, según el último dato disponible. La inclusión de las empresas locales en los grandes proyectos del régimen era uno de los pedidos más fuertes de la industria a Caputo.

En este escenario, el ministro de Economía destacó que el impacto del RIGI en el entramado productivo local ya se puede ver y que el 86% de lo invertido bajo el régimen se destinó a empresas nacionales; a su vez, remarcó que ya se movilizaron más de 1.200 proveedores en todo el país.

Los 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador —que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía— representan compromisos de inversión que se extienden hasta 2055 y proyectan la creación de 108.450 empleos directos e indirectos. El mayor peso corresponde al sector minero, con 12 proyectos, seguido por petróleo y gas, con 7. Completan la nómina 2 emprendimientos de energía eléctrica, 1 de siderurgia y 1 de infraestructura.

La cartera económica prevé que esos proyectos ya aprobados aporten USD 7.737 millones durante 2026 y 2027. A eso se suma el pipeline de 24 proyectos en evaluación, que acumulan compromisos por USD 159.480 millones adicionales y proyectan 134.732 empleos más. En conjunto, el universo RIGI —aprobados y en evaluación— ya supera los USD 209.000 millones en inversión comprometida o potencial.

Qué exige el compre local

Detrás del lanzamiento de las rondas de negocios hay una tensión normativa que la iniciativa busca, al menos en parte, descomprimir. La Ley Bases, que incorporó el RIGI en 2024, establece que todo proyecto adherido debe presentar un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales y comprometerse a contratar proveedores argentinos por al menos el 20% del monto total destinado al pago de proveedores, tanto durante la construcción como en la etapa operativa. Esa exigencia rige cuando existe oferta local en condiciones de precio y calidad.

Hay, sin embargo, una distinción conceptual clave: para el RIGI, “proveedor local” significa proveedor argentino, no necesariamente de la provincia donde está radicado el proyecto. Si un emprendimiento minero se localiza en Salta y contrata a una empresa de Córdoba, esa operación puede computar dentro del 20% nacional, aunque no satisfaga el compre local salteño.

Eso genera una diferencia sustancial con los regímenes provinciales vigentes, que en varios casos superan ampliamente ese piso del 20%. Salta, por ejemplo, tiene un esquema progresivo de entre 40% y 70% según la etapa y magnitud del proyecto, y exige que el 80% de la nómina del proveedor tenga domicilio real en la provincia. Catamarca fija una exigencia del 70% para empresas mineras, con la condición adicional de que al menos el 50% de los integrantes de las UTE sean proveedores locales. Jujuy también establece un piso del 70% y requiere que el 70% de la nómina tenga domicilio en la provincia —un punto especialmente relevante para los proyectos de litio—.

Neuquén fija un objetivo del 60% para proveedores neuquinos certificados en aquellos rubros con oferta local disponible, un esquema que adquiere particular relevancia por Vaca Muerta pero que también alcanza a la actividad minera. Santa Cruz, establece que el monto contratado con proveedores santacruceños inscriptos en el RUPAE no puede ser inferior al 50% del total, con una preferencia adicional cuando la cotización local es hasta 15% superior a una oferta externa. Río Negro creó un régimen que incluye explícitamente a los proyectos RIGI y fija un piso del 60% para contrataciones de bienes, servicios y obras con proveedores rionegrinos —norma relevante para proyectos como Calcatreu—.

El caso de San Juan es el más complejo. El régimen anterior establecía una exigencia del 75%, pero en julio de 2026 la provincia aprobó una nueva Ley de Desarrollo Local Minero que reemplaza el esquema de cupos por un mecanismo de incentivos y crédito fiscal, con metas de 60% de proveedores locales y 80% de mano de obra provincial. Al cierre de esta nota, la norma se encontraba aún en proceso de reglamentación.

El debate de fondo

Más allá de los porcentajes, el interrogante central que subyace a toda esta discusión es si la industria argentina tiene la escala, la complejidad y la competitividad que exigen las operaciones mineras, energéticas e infraestructurales contempladas en el régimen. Un relevamiento conjunto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario expuso que las exigencias de contenido local del RIGI se superponen con los distintos esquemas de compre provincial, lo que genera incertidumbre en las decisiones de inversión.

Según ese informe, el sector no cuestiona la preferencia por proveedores locales en sí misma, sino que advierte que la oferta disponible puede no alcanzar la escala, la calidad o la competitividad que exigen las grandes operaciones mineras que hoy suman unos USD 40.000 millones en proyectos presentados bajo el régimen.

La propuesta del sector apunta a avanzar en la regulación de las certificaciones de seguridad, sustentabilidad y cumplimiento normativo, para que las empresas argentinas puedan convertirse en proveedoras calificadas bajo los estándares que exigen las mineras.

La UIA, por su parte, sostiene que “las empresas argentinas tienen capacidades, conocimiento y experiencia para formar parte de los grandes proyectos de inversión” y definió tres ejes que, a su criterio, requieren un avance articulado: la integración de la cadena productiva, el desarrollo de proveedores locales y la infraestructura necesaria para que el crecimiento de la economía se traduzca en más capacidades productivas en todo el territorio.