El gobierno enviará la semana próxima un proyecto para que el Congreso apruebe el pago de una sentencia “definitiva a inapelable” por deuda en default.
“Son los casos presentados por un grupo de bonistas liderados por Attestor Máster y otro por Bainbridge Fund. Se desconocen los detalles del acuerdo que representa el primero del Presidente @JMilei”, posteó en su cuenta en la red social X Sebastián Maril, que sigue muy de cerca los litigios contra la Argentina a raíz del default y la ruptura de contratos emergentes de la explosión y salida del régimen de convertibilidad.
Luego de la resonante victoria jurídica y política que obtuvo la Argentina en el juicio por la expropiación, en 2012, de la mayoría accionaria de Repsol en YPF, el gobierno buscará así cerrar las que probablemente sean las últimas esquirlas o los rescoldos de la deflagración económica y financiera de 2001/2002.
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En su posteo, Maril exhibió partes de un documento que el estudio que representa a la Argentina envió a la jueza Loretta Preska en la que informa a la magistrada que el 1 de abril pasado la Argentina alcanzó un acuerdo con los fondos demandantes, que ya tenían a su favor una sentencia a favor en ese mismo juzgado, en línea con compromisos provisorios alcanzados el 11 de marzo pasado, sobre los que en ese mismo día informó este medio
De hecho, el 11 de marzo pasado Infobae reportó que las partes del juicio habían solicitado “respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, según señalaba un documento que concluía que las partes anunciarían oportunamente al tribunal sobre “el estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.
Ese anuncio de acuerdo sería el señalado ahora a la jueza Preska y para el cual el gobierno de Milei pretende aprobación legislativa, de modo de cerrar, tal vez de modo definitivo, el largo capítulo del default, que ocurrió hace más de 25 años pero sigue teniendo capítulos abiertos a pesar de haber realizado sucesivamente 3 canjes voluntarios de deuda.
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En la presentación de marzo, las partes habían solicitado suspender el litigio en curso y dejar en suspenso el pedido de Bainbridge del 17 de octubre del año pasado, por el cual reclamaba la entrega de la participación del país en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas mientras se concreta la conciliación.
Duro de litigar
El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos demandantes, había confirmado entonces el entendimiento alcanzado: “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”.
En el caso Bainbridge Fund, la Justicia norteamericana ya había fallado a su favor, reconociéndole una suma de USD 95 millones más intereses.
La demanda más importante, por volumen de fondos, era la de los fondos representados por Attestor Máster, por cerca de USD 500 millones.
De todos modos, como señaló Maril, se desconoce la suma por la cual la Argentina y los dos demandantes llegaron al acuerdo que Milei pondrá a consideración del Congreso.
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Hranitzky es un duro litigante y participó en otros juicios contra la Argentina, como el del fondo NML, de Elliott Capital Management, por el que a fines de 2011 logró una orden judicial por el que la Fragata Libertad, la nave insignia de la Armada Argentina, fue retenida durante 77 días en el puerto de Tema, Ghana, hasta ser liberada por orden de un fallo del Tribunal del Mar, con sede en Alemania.
Héctor Grondona, hijo del difundo Julio Grondona, expresidente de la AFA y miembro de la FIFA, dijo en un reportaje radial que la liberación de la Fragata se debió a gestiones de su padre, entonces vicepresidente y Tesorero de la FIFA, que a cambio logró que el organismo rector del fútbol mundial levante una suspensión sobre la Selección Nacional de Fútbol de Ghana, que no podía participar en la Copa de África debido a una sanción por la participación de mayores de edad en la edición de una Copa de fútbol juvenil.