La Rioja, la única provincia que tiene su deuda bajo estado de cesación de pagos, anunció que tampoco pagará un vencimiento de sus bonos este lunes y así extenderá su default. La provincia que gobierna el peronista Ricardo Quintela inició negociaciones con sus acreedores hace un año y medio para reestructurar esos pasivos pero aún no llegó a una resolución.
En una nota enviada al mercado, el gobierno riojano anticipó que no pagará el vencimiento de deuda que tiene fecha para este lunes. Se trata del Bono Verde emitido en 2017. Este bono tiene como destino la financiación de la Parque Eólico Arauco y su vencimiento está fijado para 2028.
La emisión de estos bonos, que originalmente tenía un vencimiento en 2027, fue reestructurada en 2021 tras la situación de cesación de pagos en la que cayó la provincia en 2020. El Bono Verde tiene un rendimiento anual del 8,5% y un valor total de 318,4 millones de dólares. Este incumplimiento marca un nuevo capítulo dentro de la prolongada crisis financiera de La Rioja.
Única provincia en default
La situación económica de la provincia de La Rioja ha sido descrita por sus autoridades como parte de un escenario de “desafíos económicos sin precedentes”, lo que ha sido utilizado para justificar la imposibilidad de cumplir con las obligaciones de deuda. La inflación elevada, la devaluación del peso y el ajuste fiscal que comenzó a finales de 2023 bajo la administración de Javier Milei han tenido un impacto directo en las finanzas provinciales.
A raíz de estos problemas económicos, La Rioja se convirtió en la única provincia del país en entrar en default de sus obligaciones financieras con acreedores internacionales. A pesar de las especulaciones de que otras provincias podrían enfrentar situaciones similares debido a los recortes en las transferencias de fondos por parte de la Nación, La Rioja se mantiene como la única en mora.
A pesar de que las conversaciones con los tenedores de bonos nunca se cortaron, aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Las autoridades provinciales han reiterado su intención de lograr una reestructuración favorable, que contemple una baja en los intereses y una reprogramación de los plazos de pago. Sin embargo, las negociaciones continúan siendo complejas y no se vislumbra un acuerdo cercano.
Fuentes del gobierno riojano señalaron a Infobae que la provincia “quiere pagar y tiene plan, pero su prioridad absoluta es atender las necesidades de la comunidad”. Destacaron que “es la decisión del Gobierno Nacional de retener fondos que legalmente corresponden a la provincia la que condiciona el cumplimiento de esos compromisos externos”. Las fuentes ratificaron “el compromiso de La Rioja con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la defensa de los intereses del pueblo riojano”, e instaron al Gobierno Nacional “a restituir los recursos de la Provincia para normalizar el diálogo con los acreedores y garantizar la estabilidad económica y social”.
En 2024, la provincia fue demandada en los tribunales de Nueva York por los tenedores de bonos, quienes reclamaron el cumplimiento de los pagos de intereses y capital. En agosto de 2024, los acreedores demandaron un juicio sumario en el Distrito Sur de Nueva York.
Lo que el viento se llevó
El caso de La Rioja fue particularmente polémico, dado que la provincia utilizó la mayoría de los ingresos provenientes de los bonos verdes para financiar la construcción del Parque Eólico Arauco, a través de la empresa provincial Parque Eólico Arauco S.A. Posteriormente, La Rioja vendió el 100% de una de sus subsidiarias, Vientos de Arauco Renovables, a Pampa Energía S.A. por 171 millones de dólares. A pesar de este ingreso, la provincia no cumplió con el pago de sus obligaciones, lo que generó el rechazo de los bonistas. A raíz de estos incumplimientos, en septiembre de 2024, la justicia de Estados Unidos dictó un fallo que obligó a La Rioja a pagar a los bonistas casi 40 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.
Un grupo de provincias exigirá a las reservas del Banco Central hasta USD 1.000 millones en lo que resta del año, la mayor parte antes de las elecciones legislativas, para afrontar pagos de deuda. Se trata de compras que las provincias realizan en el mercado único cambios, por lo que tendrían impacto eventual en el precio del tipo de cambio. Aunque a lo largo del año no se acumulan grandes vencimientos, marzo y septiembre son los momentos con exigencia más alta.
Hasta fin de año restan pagar por parte de las provincias USD 1.020 millones. La provincia de Buenos Aires necesitará pagar un tercio de ese total el 1° de septiembre próximo, por casi USD 380 millones. Hasta las elecciones legislativas de octubre serán cerca de USD 670 millones de presión a las reservas y al valor del tipo de cambio flotante.