El Gobierno designó un nuevo interventor en el ENRE mientras prepara la unificación de los entes reguladores de luz y gas

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la renuncia de Osvaldo Rolando como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) a partir del primero de agosto y la designación “ad honorem” en ese cargo del abogado Néstor Lamboglia. Los cambios se conocieron después del anuncio de unificación del Enre con el Ente Nacional Regulador del gas (Enargas), para conformar un solo organismo, y de la última revisión tarifaria para el sector.

La renuncia de Rolando y la designación de Lamboglia fueron oficalizadas a través de la Resolución 330/2025 publicada en el Boletín Oficial. El nuevo interventor es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos en la Universidad Austral,

Lamboglia cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico. A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave en organismos de control y en el ámbito binacional: fue Secretario Letrado del Directorio y Gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA); Coordinador Legal de la Secretaría de Energía Eléctrica en el entonces Ministerio de Energía y Minería; y se desempeñó como Asesor Letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y Asesor Jurídico de Yacyretá. En los últimos años integró el equipo de asesores de la Secretaría de Energía de la Nación y, más recientemente, ocupó la Secretaría de Directorio del ENRE.

“Su designación reafirma la decisión de sostener una conducción con amplio conocimiento técnico, regulatorio y jurídico del sector eléctrico, en un momento clave para consolidar la previsibilidad tarifaria, la atracción de inversiones y la reorganización institucional del organismo”, dijeron desde el Gobierno.

Rolando fue el reemplazante de Darío Arrúe, en un cambio que fue originado desde la llegada de María Tettamanti como secretaría de Energía tras la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo. Es decir, en los próximos días habrá un tercer interventor del Enre en lo que va de la gestión Milei en poco más de un año y medio de mandato.

El Enre, creado en 1993, regula la actividad eléctrica y controla que las empresas del sector, como Edenor y Edesur, cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio y los Contratos de Concesión. Es un organismo autárquico que sigue las directrices de la política energética nacional sobre el abastecimiento, transporte y distribución eléctrica.

El Gobierno, mediante la publicación del Decreto452/2025,oficializó la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y deberá comenzar a operar en un plazo máximo de 180 días -que corren desde julio-.

El directorio del nuevo ente estará compuesto por cinco miembros, designados por el Poder Ejecutivo, entre profesionales con antecedentes técnicos y experiencia en la industria del gas y la electricidad. Los mandatos durarán cinco años y podrán renovarse indefinidamente, con ceses escalonados para garantizar la continuidad institucional.

En el sector anticipan que la designación de los nuevos directores no será tarea sencilla. La alta calificación requerida para los puestos, junto con el congelamiento de los sueldos en el sector público, dificultan el proceso.

La fusión de los entes se lleva a cabo tras la crisis desatada esta semana por la ola de frío, que generó cortes de gas a empresas, estaciones de servicio y hogares, como en Mar del Plata, y récords en la demanda de electricidad, lo que obligó a las distribuidoras a realizar interrupciones preventivas. En el sector coinciden en que el próximo verano podría traer apagones masivos.

El Gobierno de Milei avanzó desde el inicio de su gestión en un proceso de fuertes aumentos de tarifas para mejorar la rentabilidad de las distribuidoras y transportistas de energía, que se sumaron a la “motosierra” sobre los subsidios. La premisa oficial es que la mejora en los ingresos convertirá a las empresas nuevamente en sujetos de crédito, después de años de atraso tarifario, y eso permitirá financiar inversiones sobre la red.