Cuestiones técnicas pero sobre todo sociales empiezan a marcar los límites del fuerte ajuste fiscal que implementó el Gobierno desde que asumió. En Casa Rosada ya toman nota. Si bien todavía predomina el alivio combinado con algo (bastante) de sorpresa por el nivel alto de popularidad del presidente Javier Milei “a esta altura del ajuste” según definen sus propios habitantes -”pensábamos que íbamos a tener números peores para esta época”-, nadie dejó pasar el dato que aportó ayer el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella que marcó un deterioro de 4,4% respecto al mes anterior.
Si bien la comparación con el mismo período durante los inicios de los dos últimos gobiernos sigue siendo favorable, la tendencia enciende alguna luz de alerta porque el ajuste, del que probablemente haya transcurrido el tramo más agresivo, está lejos de terminar. Sin embargo, algunos timbres ya sonaron y el Gobierno recalculó: a la marcha atrás a las que obligó a las prepagas con los aumentos se agregó la propia decisión de postergar también la quita de subsidios a la energía para sectores medios y bajos y apunta ahora a morigerar la suba del impuesto a los combustibles líquidos para evitar un nuevo salto en el precio de la nafta. El incremento del transporte, a partir de mañana, puede en cambio ser un nuevo golpe. Es que, a pesar de las encuestas, la tolerancia al ajuste no es infinita y en Casa Rosada lo saben.
El plan se encamina ahora hacia una segunda fase en la que, tal como pide el Fondo Monetario y también el mercado, se buscará “mejorar la calidad” para hacer la mejora de las cuentas públicas más sostenible. De eso se trata, por caso, el paquete fiscal que por estas horas se discute en el Congreso: obtener mayores recursos genuinos que reemplacen el efecto de la licuadora, cuya potencia se extingue en la medida que baja la inflación más rápido que lo previsto. “Frente al proceso de desinflación acelerada, el Gobierno se verá forzado a hacer ajustes a su programa económico. El ajuste fiscal deberá mostrar un salto cualitativo, con una menor dependencia de la licuación y una mayor previsibilidad de los recortes y los ingresos”, consideró el equipo de Consultatio en su último informe semanal.
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De ahí la confesión anoche del propio ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de su aprobación. “Por supuesto que es importante que pase la ley porque muestra un soporte político que, tanto el empresariado como afuera, a efectos de invertir, lo miran. Claro que es importante, pero es para que tengamos un mejor país a mediano plazo y mejorar la calidad del ajuste fiscal. No es condición sine qua non para tener equilibrio fiscal”, afirmó el ministro. Es una verdad a medias: sin el paquete fiscal, es decir, sin recursos ni ninguna muestra de apoyo político, al Gobierno se le dificultaría avanzar por las suyas en otros recortes sin que se repita una marcha como la de la semana pasada. “La marcha universitaria no fue por el ajuste, eso está más que claro. Pero el contexto del ajuste, la tensión económica que están atravesando muchos sectores potenció su masividad”, admitieron en el Gobierno, donde reconocieron que es una primera señal de que la tolerancia social no es, precisamente, infinita. El índice de confianza de la Di Tella sumó ayer un nuevo elemento en ese sentido.
“Durante abril el oficialismo perdió popularidad y ya se encuentra por debajo del 50%. Aunque la tendencia bajista es habitual (dado el optimismo en cada nueva elección presidencial), volvemos a destacar la importancia de que los resultados fiscales sean apoyados en condiciones poco sostenibles en el tiempo”, apuntaron desde Aurum Valores, en línea con la segunda gran preocupación que se advierte en todos los informes económicos locales y, sobre todo, de bancos de inversión de Wall Street. La primera, que el ajuste sea sostenible en términos técnicos, es decir, más motosierra que licuadora en el lenguaje de Milei; la segunda, que sea sostenible en términos sociales. La pérdida de popularidad es uno de los indicadores que más siguen los mercados, donde consideran que por el momento es “lo único” que está permitiendo al Gobierno avanzar en el ordenamiento de las cuentas públicas. Si ese respaldo se empieza a deteriorar, temen los inversores, se acotan las chances de lograr las reformas estructurales.