Salario mínimo: con un ojo puesto en el gasto social, el Gobierno lo subirá por decreto tras la falta de acuerdo

A pesar de que el presidente Javier Milei aseguró el viernes que no le correspondía al Gobierno establecer un monto de salario mínimo por decreto, el Poder Ejecutivo determinará esta semana una suba del piso de remuneraciones tras el fracaso en la reunión entre gremialistas y cámaras empresarias del jueves pasado.

La decisión, que impactará en los montos de algunos programas sociales, se dará en el marco de una suba pronunciada de la pobreza en el primer mes del año tras la escalada inflacionaria, según estimaciones privadas.

Así lo aseguraron a Infobae fuentes oficiales, que estimaron que el laudo de la presidencia del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que corresponde a la Secretaría de Trabajo, podría tener lugar entre el martes y miércoles de esta semana. El monto no está determinado -la CGT y las dos CTA reclamaron una actualización del 85% y los empresarios no realizaron ninguna propuesta- pero se tratará de una cifra sensible para las cuentas públicas.

Efecto sobre programas sociales

El incremento del salario mínimo tiene menos impacto en el sector privado porque la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya pagan sueldos mínimos por encima de los $156.000 del piso de remuneraciones vigente. De esa forma, el efecto más notorio es hacia el propio Estado: los montos de programas como el Potenciar Trabajo, las Becas Progresar o el seguro de desempleo se mueven de acuerdo a la variación del mínimo de ingresos laborales.

En el Gobierno aún no arriesgan una cifra sobre qué incremento del SMVM determinarán esta semana, pero se asume que será menor al salto hasta $288.600 que buscaban las principales centrales obreras. Según estimaciones del centro CIFRA de la CTA, con la nominalidad actual, los $156.000 del salario mínimo vigentes superarían los casi $273.000 del piso remunerativo a fines de 2015. En los últimos cuatro años, según ese mismo centro de estudios, en ese lapso el salario mínimo perdió un tercio de su poder de compra. Para recuperarlo, tendría que subir en marzo hasta $435.000.

El aumento que termine por definir el Gobierno nacional implicará un costo fiscal por la actualización de esos programas sociales, principalmente el Potenciar Trabajo, que alcanza a 1,2 millones de personas y que paga medio salario mínimo a cambio de una prestación laboral de 4 horas en distintos rubros como trabajo en cooperativas, en comedores y merenderos, construcción, limpieza o agricultura familiar.

La Casa Rosada busca recortar partidas para este renglón del gasto, que considera irregular por tratarse de asistencia social “intermediada” por organizaciones sociales. En el excel del Ministerio de Economía el ajuste presupuestario para el Potenciar Trabajo debería rondar el 0,4% del Producto Bruto, unos $750.000 millones, una parte menor de los 5 puntos porcentuales del PBI que necesita Luis Caputo para llegar al déficit cero en 2024. De todas formas, como comparación, es un monto similar al que hubiese aportado, por ejemplo, la reversión de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

“Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinar un decreto a mano”, dijo Milei en declaraciones a Radio Rivadavia el viernes. “¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio? Acá el profe (José Luis) Espert me acaba de hacer el símbolo que usaban los emperadores romanos cuando mandaban a matar al gladiador”, agregó el jefe de Estado, consultado sobre qué haría la Casa Rosada ante la falta de acuerdo en la mesa del consejo salarial.

Qué dice la CGT

La voluntad del Poder Ejecutivo de establecer un nuevo mínimo salarial ya había sido puesta en duda por la CGT, en un comunicado publicado el jueves tras la cumbre fallida con las cámaras empresarias ante la Secretaría de Trabajo, que conduce Omar Yasín.

“Rompiendo una larga tradición de dialogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo”, dijo la CGT en un comunicado.

“El Gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad, los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina fueron complacientes con esa estrategia y no formularon ninguna propuesta. Los mismos empresarios que en la OIT defienden el diálogo social y los consensos colectivos como herramienta fundamental para el desarrollo económico y social del país, hoy borraron con los hechos lo que pregonan con palabras en los foros internacionales”, cuestionaron desde la central obrera. “La irresponsabilidad social puesta de manifiesto hoy por la Secretaría de Trabajo no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos”, concluyeron.

El resultado del laudo de la Casa Rosada entre gremios y empresas ante la falta de acuerdo para la suba del salario mínimo -algo a lo que el Gobierno está obligado de acuerdo al artículo 137 de la ley 24.013 de 1991- moverá, así, el amperímetro de las cuentas públicas, que el equipo económico busca mantener a raya a lo largo del año para no comprometer la meta de ajuste fiscal que lleve al sector público al equilibrio financiero en el primer año de mandato del gobierno libertario.

La intención del Palacio de Hacienda de avanzar con rapidez hacia el déficit cero se materializó en el primer mes del año con un superávit primario de 2 billones de pesos, lo que condujo a un resultado financiero positivo en $518.000 millones, algo menos de 0,3% del PBI. Una parte relevante del ajuste estuvo explicado en la poda en el gasto primario, que en términos nominales avanzó 140 puntos porcentuales menos que la inflación de ese mismo lapso, que fue de 254% anual. El gasto jubilatorio y de pensiones se llevó la peor parte (119% de crecimiento nominal) pero otras partidas sociales como asignaciones familiares, AUH, pensiones no contributivas y “Otros Programas Sociales”, entre ellos el Potenciar Trabajo, tuvieron ejecuciones presupuestarias por debajo del ritmo de inflación.