Inconsistencia financiera, mala regulación y superposición de funciones atentan contra la sostenibilidad del sistema de salud, alerta un estudio

Adecra+Cedim, la cámara nacional que nuclea a más de 420 instituciones de salud privada entre clínicas, sanatorios, hospitals privados, laboratorios y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio, difundió un extenso estudio sobre el sector en el que advierte que en el actual escenario laboral y demográfico de la Argentina, la inconsistencia financieras, las malas regulaciones y el solapamiento de intervenciones nacionales en funciones provinciales y municipales terminan por producir una gran desorganización del sistema de salud.

“¿Cómo construir un verdadero sistema de salud en Argentina? Diagnóstico y propuestas para salir de la desorganización”, se titula el informe económico difundido por la cámara, que advierte que en la Argentina el empleo asalariado privado está estancado en seis millones de personas desde 2012, lo que significa un gran problema de financiamiento del sector. Mientras tanto, la población sigue aumentando”, lo que acerca cada vez más al sistema a una situación de insustentabilidad.

“La Argentina está sumergida en una severa crisis laboral de carácter estructural”, dice el estudio, encabezado por el economista Jorge Colina. Un gráfico muestra la evolución de 2012 a 2022 de la situación laboral de las personas mayores de 20 años en Argentina y precisa que de 12 millones de trabajadores registrados, sólo la mitad es asalariada en el sector privado, que es la que más aporta al financiamiento de la seguridad social”. En cambio, dice el informe, “el empleo en relación de dependencia del sector público y el monotributo crecieron, pero no constituyen una fuente de financiamiento genuino”.

De hecho, los datos del gráfico precisan que en ese período de diez años el empleo privado registrado se mantuvo estancado en 6 millones de personas, mientras se sumaron 800.000 empleos públicos, 800.000 cuentapropistas no registrados, 1,2 millones de empleos en negro y 900.000 cuentapropistas no registrados, debilitando la estructura de financiamiento del sistema. El estudio subraya además que también subió el número de adultos mayores de 65 años, en otros 1,2 millones de personas, “producto del proceso de envejecimiento” y el del empleo informal. “Si el PBI no crece, pero la población sí, hay cada vez más bocas que alimentar con la misma cantidad de panes”, resumió Colina. De ahí la “inconsistencia financiera”, “las malas regulaciones” y el “solapamiento de intervenciones” que desorganizan al sector.

Recursos estacancados

“La población con derivación de aporte se mantendrá, pero no se proyecta que crezca significativamente. El sector salud no debe esperar a que vengan más recursos por el lado del salario privado, y las obras sociales nacionales y prepagas seguirán estancadas”, señala el estudio. Los recursos de las obras sociales provinciales “tampoco van a crecer considerablemente”, lo que derivará en que “habrá cada vez más gente que atender con recursos públicos provinciales limitados, que no crecerán en consonancia con lo que está aumentando la demanda de la población sin cobertura médica o con cobertura desfinanciada que se atiende en el hospital público”.

Todo lo anterior pone en juego la diversificación, complejización y tecnificación de la medicina. “Las residencias médicas en clínica y pediatría quedan sin cubrirse, pero las de especialidades se llenan; las cesáreas se imponen frente a los partos naturales para hacer rendir más los recursos; y los honorarios médicos y aranceles hospitalarios bajos hacen del volumen un recurso vital para sobrevivir, pero los financiadores presionan a la baja estos honorarios”, advierte el estudio.

La Cámara alerta que para ordenar el sistema “no son realizables las propuestas de construir un Sistema Nacional de Salud y/o de estatizar el sistema de salud”, sino que es necesaria “una modernización integral de la legislación laboral”, de modo de permitir un mayor empleo privado formal, ampliando las fuentes de financiamiento.

Coordinación

Además, agrega, “sobre la base de un sector público de la salud más ordenado, los prestadores privados podrían trabajar coordinadamente en esquemas de articulación público-privada con los sectores públicos provinciales y municipales”. Ese será, justamente, uno de los temas del próximo Congreso de Salud de la Cámara, el 23 y 24 de agosto en Pilar. El documento recuerda que según la Constitución nacional, “la promoción y prevención de la salud son responsabilidad exclusiva de las provincias y los municipios, pero el Ministerio de Salud y otras carteras nacionales desarrollan programas de promoción, que son limitados y sin criterio explícito, lo que produce confusión de roles, descoordinación y dilución de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado”.

También influyen, dice el estudio una “asignación ineficiente de los recursos”. Al respecto, señala que hay personas con el Programa Médico Obligatorio (PMO) sobrefinanciado y otras, subfinanciado y que “por mala regulación hay mucha doble cobertura”. Como ejemplo, cita que las obras sociales provinciales cubren al 10% de los adultos con el 1% del PBI, mientras las obras sociales nacionales abarcan al 30% de los adultos con el 1,5% del PBI.

Mientras tanto, el PAMI cubre a un sector de la población que crece cada vez más, pero siempre con la misma regla de financiamiento. “El 11% de la población tiene más de 65 años, la tecnificación de la práctica médica se masificó y en la última década la irrupción de los medicamentos biológicos puso en estrés financiero a los sistemas de salud de todo el mundo”, afirma un pasaje del estudio, que apunta otra distorsión en la diferencia en la agenda de políticas públicas de los centros de salud según la provincia en la que estén radicados.

Cada uno con su tema

“Las instituciones privadas de CABA tienen casi como tema monopólico de agenda la relación con las prepagas, al tiempo que en el resto de las provincias (exceptuando al Conurbano, Córdoba, Santa Fé, Tucumán y Mendoza) las organizaciones privadas se enfocan centralmente en la obra social provincial y PAMI”, dice el estudio. Y en la medicina privada, prosigue, hay una puja distributiva al interior de los prestadores médicos por el cambio tecnológico.

“La práctica médica hoy se basa fundamentalmente en las especialidades, las nuevas tecnologías alrededor de la cama hospitalaria y la acelerada innovación en medicamentos, en detrimento de la cultura de la práctica médica liderada por el médico clínico y pediátrico”, dice un resumen del estudio. De resultas, agrega, “los prestadores de salud privada están sofocados por bajos honorarios y aranceles, y la necesidad de sostener financieramente una estructura médica tecnológica muy costosa”.

El principal resorte para empezar a reordenar el sistema, reitera el informe, es “modernizar integralmente” la legislación laboral incluyendo, entre otras medidas, fijar un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales de ANSES y PAMI, habilitar a las pymes a negociar convenios colectivos a nivel de empresas para adaptar las condiciones laborales a la productividad de la firma y eliminar la multiplicación de la indemnización por despido”.

Otro eje de la propuesta es “ordenar el sector público dentro del sistema de salud”, resaltando la conveniencia de crear dos agencias: una de “medición de resultados” y otra de “financiamiento de medicamentos biológicos para toda la población y del gasto en medicamento de los jubilados”.

Según el documento, “el Ministerio de Salud nacional debería convertirse en una agencia nacional de medición de los resultados sanitarios alcanzados por las provincias y municipios” y el PAMI tendría que provincializarse, “transfiriendo los afiliados de cada provincia a los Ministerios de Salud provinciales, con un financiamiento equivalente a la totalidad de los ingresos per cápita de esta obra social, menos el gasto de medicamentos”, que debería quedar cubierto por una agencia nacional especializada que negocie centralizadamente con la industria farmaceútica.

En ese esquema concluye el informe, los prestadores privados podrían trabajar coordinadamente en esquemas de articulación público-privada con los sectores públicos provinciales y municipales.

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