La marcha de los piqueteros que ayer sitió la ciudad tiene un correlato nítido en los números de la caja que se administra en el Palacio de Hacienda, según los cuales sería imprescindible ampliar las partidas presupuestarias previstas para los programas sociales para mantener su ritmo de aumento. En otras palabras, el Gobierno deberá definir nuevos refuerzos para los programas sociales, especialmente aquellos que se consumieron en los primeros meses del año prácticamente todo el monto previsto.
Así se desprende del último informe de ejecución presupuestaria Oficina de Presupuesto del Congreso, que consigna un incremento real del gasto en los primeros cinco meses del año de 13,1% respecto al mismo período del año pasado y en el que destaca que el déficit fiscal prácticamente se triplicó (196,1%), también en términos reales, respecto de 2021.
En este sentido, el análisis detalla que las prestaciones sociales crecieron en su conjunto 10,7% interanual -siempre en términos reales-, con un avance de las jubilaciones de 7,7% y de 17% las asignaciones familiares mientras los programas sociales lo hicieron a una velocidad mucho mayor, con una suba del 22,8% respecto al año pasado.
Entre esos programas sociales no se cuenta la Asignación Universal por Hijo ni la Asignación por Embarazo (AUE) ni la ayuda escolar, todos ellos con fórmula de ajuste automático por ley, sino que en ese renglón se encuadran planes como el Potenciar Trabajo, la tarjeta Alimentar o las Becas Progresar.
En su conjunto, los programas así definidos insumieron hasta el mes pasado más de la mitad del monto asignado para todo el año, 56,3% del crédito vigente de acuerdo a la terminología presupuestaria. Pero algunos avanzaron a un ritmo más acelerado que otros.
Por ejemplo, el crédito de las becas Progresar está prácticamente por agotarse, habiendo ya consumido 81,6% de lo calculado mientras que el Potenciar Trabajo ya gastó 65,3% de la partida, con una aumento de 60% respecto del año pasado. Es por esto que la OPC afirmó que “requerirán de refuerzos presupuestarios para continuar con el ritmo de ejecución de los primeros 5 meses del año”.
En total, el monto asciende a unos $781.390 millones, de los que se llevan gastados el 56% y, a contramano de lo que podría esperarse en el contexto de fuerte deterioro social determinado en gran medida por la fuerte suba del precio de los alimentos, el gasto en en los planes destinados a políticas alimentarias tuvo un avance de ejecución más lento que el resto, con un gasto de 53% del crédito total.
En contrapartida, lo que aceleró el gasto del rubro fue la primera cuota de $9.000 del plan de refuerzos de ingresos anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para trabajadores informales. Ese mes se devengará la segunda cuota, lo que una vez más tendrá impacto en las planillas y, seguramente, también en la calle.
En cualquier caso, el gasto creció por encima de la inflación en prácticamente todos los rubros. Previsiblemente, los subsidios energéticos conforman la categoría más saliente, con una suba real de 49,4%, seguidos de las transferencias a provincias (23%), los programas sociales y las asignaciones familiares. Los gastos en subsidios al transporte y en personal, en tanto, lo hicieron a un ritmo de 13%. Sólo tres rubros de todo el listado de gastos del Estado nacional registraron una variación negativa: el rubro bienes y servicios, que acusó una baja de 4% dado el menor gasto en covid por vacunas y su traslado, la inversión financiera, con una reducción de 11% por un menor aporte a Aerolíneas Argentinas y la reducción de otros subsidios, algunos de ellos también vinculados a la asistencia económica al sector privado por el covid como el sistema de garantías del FoGar, que se redujo 69%, y 26% menos de subsidios a Aysa y el Correo Argentino.
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