Un equipo técnico de la empresa de energía Edesur detectó ayer la exsitencia de conexiones clandestinas en un barrio cerrado de Canning, al sur del conurbano bonaerense. Se trata de un delito que perjudica la red de distribución y puede poner en riesgo la vida de las personas, según indicó la compañía en un comunicado.
El operativo se realizó en “Finca Las Albas”, ubicado sobre la calle Mariano Castex, donde se constató con escribano público que 20 viviendas no tenían medidores que registraran los consumos. De este total, 15 eran obras en construcción, mientras que las otras cinco ya estaban siendo habitadas.
Al corroborar el delito, los técnicos procedieron a cortar las conexiones clandestinas y se retiraron los cables de la anomalía, ya que no habían sido instalados por personal de Edesur, mientras que el escribano público labró las 20 actas correspondientes.
“Ahora, las personas que viven en el barrio deben acercarse a las oficinas de Edesur para solicitar el medidor correspondiente para normalizar su situación frente a la distribuidora. Y en las próximas semanas se realizarán las pericias necesarias para calcular el impacto económico de esta acción sobre nuestra compañía”, remarcó Edesur en el comunicado.
Cabe destacar que el hurto o robo de energía se encuentra contemplado dentro de los delitos del Código Penal, indicó la firma energética. Y agregó que “cuando una persona no preparada manipula la red en forma ilegal puede sufrir daños para sí, para terceros y generar daños en la vivienda de sus vecinos, al generar altibajos en la tensión.”
Por último, Edesur afirmó que las conexiones clandestinas también afectan la calidad del servicio de los clientes de la zona. “En consecuencia, seguiremos trabajando para detectarlas y honrar el compromiso de todos aquellos que se esfuerzan y comprometen para estar al día con el pago del servicio eléctrico”, concluyó la empresa.
Cabe recordar que el Gobierno Nacional avanza con la demorada segmentación de tarifas de luz y gas y se prevé que los barrios cerrados queden afuera de los subsidios que otorga el Estado a los consumidores.
En ese sentido la segmentación prevista por el Gobierno abarca a unos 921.778 titulares, en el caso de la energía eléctrica. Son aquellos que tienen ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales -unos $313.916 en marzo-, tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de cinco años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones de lujo o aeronaves.
En tanto, para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también se tomarán en cuenta criterios geográficos: dejarán de recibir subsidios aquellos usuarios que vivan en los 13 barrios identificados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) como de alta capacidad de pago de las tarifas.
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