El Gobierno convocó para el próximo 19 de mayo a una audiencia pública para analizar la propuesta de ajuste en la tarifa de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Los incrementos propuestos serán de 20% en julio y 10% en octubre, por lo que se acumula un aumento del 32% a lo largo de 2022.
La medida se dispuso a través de la resolución 42 de la Secretaría de Obras Públicas publicada este martes en el Boletín Oficial. En los anexos, AySA detalló que los actuales niveles tarifarios resultan sensiblemente menores a los establecidos como de equilibrio económico-financiero en el marco regulatorio.
“Los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir la totalidad de los costos derivados de la prestación de los servicios”, aseguró la empresa —presidida por Malena Galmarini— en su presentación.
AySA elevó su propuesta de adecuación tarifaria a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, cuya titularidad se encuentra vacante, por lo que la autoridad competente pasó a ser la Secretaría de Obras Públicas.
La empresa estatal indicó que a diciembre de 2021 los ingresos tarifarios sólo cubrían el 49,5% de los costos operativos, situación que podría agravarse en caso de continuar con el congelamiento tarifario iniciado a principios de 2019, en el tramo final de la Presidencia de Mauricio Macri.
Para evitarlo, la compañía propició un incremento inicial del 20% a partir del 1 de julio, más otro incremento del 10% en octubre. Los dos aumentos acumulados representarían una suba del 32% a lo largo del año.
AySA no recibió subsidios para el financiamiento de gastos corrientes en 2021, pero percibió $2.452 millones para la atención de gastos de capital, de acuerdo con el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
En el texto oficial presentado por Aysa se destaca que la concesión estableció que la empresa está en equilibrio económico financiero si las tarifas por los servicios prestados permiten recuperar todos los costos asociados, incluyendo los operativos, los de inversión y los impositivos y financieros.
“La brecha a cerrar para alcanzar en el mediano plazo ese objetivo es muy amplia, por lo que en las revisiones tarifarias pasadas se fueron definiendo metas intermedias, conformadas por una recuperación parcial de niveles tarifarios, decidiendo el concedente financiar los déficits mediante transferencias”, detalló el informe de la empresa.
“La última revisión tarifaria (Propuesta Tarifaria 2019 o PT19) fue elaborada con el fin de asegurar el financiamiento operativo del servicio, mejorando el nivel de ingresos de la empresa, para afrontar los déficit operativos derivados de la incorporación de los nuevos partidos al área concesionada, fortalecer el Programa de Tarifa Social, contrarrestar los efectos de la inflación que impactaron en los costos de operación, incrementado los esfuerzos de los usuarios para ello”, continuó el texto.
Sin embargo, esa propuesta de 2019 no pudo ser aplicada por la inestabilidad macroeconómica que atravesó el país a partir de 2019, con alta volatilidad en el mercado de cambios, devaluación del peso y aumento en los niveles generales de inflación.
En 2020, por la pandemia de covid y la crisis económica fueron suspendidas las revisiones tarifarias de los servicios públicos regulados. “Desde la empresa, considerando la excepcional coyuntura, se sostuvo la prestación del servicio con los estándares de calidad que el desafío demandaba mientras que a la vez se profundizaba el proceso de reducción de gastos, poniendo de manifiesto un importante esfuerzo. No obstante ello, se debió recurrir a transferencias del concedente para garantizar el financiamiento”, recordaron.
De esta forma, según la empresa, aumentó de manera notoria la brecha entre ingresos tarifarios y costos operativos. “De este modo, a pesar de los esfuerzos realizados en la empresa para mejorar procesos y optimizar costos, la fuerte evolución de los precios pone en riesgo la sostenibilidad operativa del servicio”, destacaron.
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