Impuesto a la riqueza por diez años: alertan por ola de juicios y su impacto en la inversión

Esta semana se conoció un proyecto de un diputado del Frente de Todos donde se propone implementar nuevo el impuesto a la riqueza —que se aprobó en 2020 como “extraordinario”— pero esta vez por diez años.

La iniciativa fue presentada por Pablo Carro, legislador nacional del oficialismo por Córdoba, y secretario general de la CTA de esa provincia. A través de su cuenta oficial de Twitter anunció la presentación del proyecto de ley de “Aporte Solidario Temporario Para Mitigar el Impacto del Endeudamiento con el FMI”. “Es un aporte que pagarán por 10 años las personas más ricas del país con el objetivo de aminorar la deuda (con el organismo multilateral de crédito)”, indicó.

Según el proyecto, el nuevo impuesto sería pagado por “aquellas argentinas y argentinos que poseen las mayores fortunas, con patrimonios declarados superiores a $320 millones”. Esto representa unos USD 1,7 millones si se toma el “dólar solidario”.

“Necesitamos que los sectores más pudientes de la argentina sostengan un segmento de los esquemas de financiamiento público para recuperar el tejido productivo y de seguridad social en la Nación y en las Provincias argentinas”, dijo el diputado.

El impuesto a la riqueza, que oficialmente se denominó “Ley de Aporte Solidario y Extraordinario” fue aprobado por el Congreso a fines de 2020. Durante aquél debate, los legisladores del oficialismo remarcaron que se trataba de un impuesto “por única vez” a personas con patrimonios superiores a los $200 millones.

Para los tributaristas la extensión en el tiempo de este impuesto produce no solo una fuerte merma en los capitales de los contribuyentes que son alcanzados, sino también en las futuras inversiones en los sectores productivos.

Iván Sasovsky, socio fundador y CEO de Expansion, enumeró las razones por las cuales repetir un impuesto como el que se lanzó para morigerar el impacto del COVID sería un “grave error”:

- “Ya existe un impuesto patrimonial, que es Bienes Personales, por lo que cabría esperar una ola de juicios que terminen a favor de los contribuyentes”.

- “El descrédito y la falta de seguridad jurídica que provoca implementar impuestos que son de una sola vez y que terminan siendo permanentes”.

- “Se equivoca, una vez más, el camino del crecimiento, ya que si se quiere crecer la economía hay que permitir que los que más tengan inviertan y no sacarle más por medio de impuestos. El sector privado es el único que genera riquezas, el Estado no lo hace. Y si lo que se quiere es pagarle al FMI, se necesita generar riqueza, no esquilmar a los que tienen”.

El tributarista remarcó que el impuesto a la riqueza fracasó, porque no recaudó lo esperado por las propias deficiencias del proyecto. “Insistir en buscar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es un absurdo que se tiene que terminar en la Argentina”, dijo.

El Gobierno preveía recaudar alrededor de $400.000 millones; sin embargo, en diciembre de 2021, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que recolectó $237.300 millones, poco menos del 60% de lo esperado, abonado por más de 10.000 personas.

Para el tributarista Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, un impuesto de este tipo es insostenible si la Argentina quiere salir de la situación actual. “¿Quién puede pensar que haya contribuyentes que estén dispuestos a pagar el 7,5% de su patrimonio en forma anual, sumando Bienes Personales más este impuesto? La imposición terminará convirtiéndose en confiscatoria por afectar una parte sustancial de la renta o el capital”, alertó.

También consideró que ahuyentará inversiones por el constante cambio de reglas de juego y la posible afectación de principios y derechos constitucionales . “El impuesto a la riqueza es análogo a bienes personales. Aplica sobre los mismo bienes e incluso sobre bienes exentos en bienes personales. Si la sumatoria de bienes personales y este impuesto absorbe parte sustancial de la renta o capital, se estaría afectando el principio de no confiscatoriedad”, agregó Domínguez.

El impuesto también es contrario al principio de igualdad, ya que aplica alicuotas más altas para los bienes en el exterior. “Una persona con bienes por $320 millones en el país debe tributar $4,8 millones. Otra que tiene bienes por $320 en el exterior, debe tributar $6 millones. No pareciera ser razonable que por el lugar donde estén situados los bienes, se deba tributar un importe mayor”, dijo. La exigencia de repatriar el 30% de los activos financieros e inmovilizarlos difícilmente sea utilizada.

“Ni en el país más populista del mundo este proyecto tendría chances de ser considerado como algo viable. A poco que uno analiza de qué se trata, se da cuenta inmediatamente que es una copia textual del anterior que fue el aporte solidario, pero esta vez directamente se propone en pocos años aniquilar los patrimonios por encima de USD 1,6 millones. Si bien en todos los países suelen presentarse proyectos impracticables, en estos dos años, este Gobierno batió records de establecer medidas tributarias extravagantes”, alertó Diego Fraga, especialista en derecho tributario.

“Más allá de que en la práctica seguramente no se apruebe este proyecto, en el corto plazo, es altamente probable que los potenciales afectados sientan temor por sus propiedades y aceleren sus planes de relocalización de sus familias y de sus bienes. También estas señales frenan planes de inversión o los postergan durante varios años. El daño que provocan estos proyectos, aunque no se concreten, es inconmensurable en un país que todavía no logra hacer pie en lo económico y que necesita muchos flujos de inversiones para poder empezar a recuperarse”, agregó Fraga.

Además, según el especialista, quienes decidieron impulsar un reclamo judicial contra el anterior Aporte Solidario contarán con más argumentos para frenar el accionar de la AFIP, ya que se trataba de un tributo “por única vez” y basado en situaciones extraordinarias.

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