El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial discuten en conjunto y en duros términos con el Gobierno en torno del futuro de los programas sociales y de la política energética oficial.
Así informaron a Infobae fuentes de ambos organismos, al recordar que el acuerdo a 10 años con el FMI no solo demandará acuerdos en términos de las metas fiscales, monetarias y cambiarias. “El equipo está trabajando en el área de política social y de energía”, se destacó desde Washington.
El interés específico del Banco Mundial es que el Gobierno exhiba una mayor eficiencia en la implementación de los programas sociales, sin duplicación de beneficiarios ni de gastos administrativos.
Cabe recordar que el banco que dirige David Malpass aporta unos USD 300 millones al programa de Asignación Universal por Hijo (AUH). Un ejemplo en este sentido es la posibilidad de revisar si hay superposición entre determinadas iniciativas, como la AUH y la tarjeta Alimentar, que comparten buena parte del padrón de beneficiarios.
En cuanto a la política energética, el foco está puesto en los altos subsidios a las tarifas de los servicios públicos, que el propio ministro Martín Guzmán calificó de inequitativos, por el escaso valor que se paga en zonas acomodadas del área metropolitana.
La postura del Banco Mundial en la negociación entre la Argentina y el FMI es clave por dos motivos: por el expertise de la entidad en programas sociales para combatir la pobreza y porque sin un acuerdo con el Fondo (o si el país entra en atrasos después de marzo), se demorarían algunos créditos tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un marine para la Argentina
Los préstamos que pueden frenarse son aquellos de libre disponibilidad, al Tesoro Nacional y no los ligados a proyectos específicos.
Esta interdependencia entre el FMI, el Banco Mundial y el BID nació en 1988, a raíz de una gestión que hizo la Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín, para que el banco le prestara al país aún cuando no había acuerdo con el Fondo.
Con la complicidad del gobierno republicano de Ronald Reagan -en particular de un ex marine, Edwin Yeo, que oficiaba como nexo entre la Casa Blanca y el FMI- surgieron recursos para financiar el “Plan Primavera” sin el aval del Fondo Monetario, mientras en Buenos Aires varios sectores del oficialismo promovían una moratoria de la deuda externa.
Yeo, figura clave en la política económica norteamericana desde mediados de los 70 y a quien en Buenos Aires llamaban “El Gordito”, eludió la intransigencia del director gerente del Fondo, Michelle Camdessus, para que se produjera este salvataje, aunque a un alto costo ya que, desde entonces, se estableció una regla no escrita: si no hay un acuerdo o un apoyo explícito del FMI, el Banco Mundial y el BID no le prestan a un país.
El gobierno de Mauricio Macri sufrió este inconveniente después de perder las PASO en agosto de 2019, porque el Fondo puso en suspenso el programa -y el correspondiente desembolso- hasta que se concretara un cambio político y el Banco Mundial dio un paso similar al no concederle al país un crédito de USD 500 millones que ya habían sido aprobados en el directorio de la entidad.
Ahora, tanto el BID como el Banco Mundial tienen créditos previstos para la Argentina, pero el ritmo de los desembolsos dependerá de que el país no entre en atrasos con el FMI, o que al menos se registre una nueva revisión por el artículo IV por parte del staff del Fondo, a la cual el Gobierno por ahora se resiste.
“El Banco Mundial no puede dar créditos de apoyo presupuestario si el país no tiene en marcha el programa. En los casos de países que no tienen programa, lo q se necesita es un artículo IV que diga que la situación macro está bien”, explicó una calificada fuente desde Estados Unidos.
En este sentido, el BID elaboró un documento que prevé dos escenarios de desembolsos: uno si hay acuerdo con el FMI y otro si ocurre lo contrario; en el primer caso, el promedio de desembolsos anuales entre 2021 y 2023 es de USD 1.846 millones y en el segundo de USD 1.479 millones. Ya en 2021, la estimación marca que habrían llegado USD 1.438 millones en lugar de USD 1.938 millones que podrían haberse girado si el acuerdo estaba sellado.
El BID aprobó para el país un total de USD 11.796 millones, una suma muy significativa en un contexto de falta de dólares, que se deberían enfocar en la reducción de la pobreza, la recuperación económica y el desarrollo productivo digital, la estabilidad macroeconómica y la eficacia de las políticas públicas.
Por su parte, la Argentina tiene con el Banco Mundial una cartera activa de 23 proyectos de inversión por un total de USD 7.380 millones y dos donaciones por un monto de USD 10 millones de dólares. Los préstamos se enfocan al apoyo a programas de salud, medio ambiente, educación, infraestructura, mercado laboral y protección social.
Para este año, tiene previsto desembolsar al menos USD 1.200 millones, aunque el monto podría ser mayor si surgen proyectos de emergencia, como ocurrió en 2021 con el apoyo a la compra de vacunas para el Covid-19.
¿Podría ocurrir que el Banco Mundial y el BID dejaran de asistir parcialmente al país si no hay avances con el FMI? La respuesta corta es sí: un ex funcionario con buena memoria recordó que, en 2002, cuando la pobreza rozaba el 60% de la población y la recesión el 11%, Argentina efectuó pagos netos a ambos organismos por unos USD 4.000 millones; es decir que, en plena debacle socioeconómica e institucional, pagó más de lo que recibió, demostrando que, en términos de las finanzas internacionales, los sentimientos suelen quedar a un lado.
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