Los diputados nacionales Luis Petri, Jimena Latorre y Alfredo Cornejo (Juntos por el Cambio, Mendoza) presentaron un proyecto de ley que solicita al Poder Ejecutivo dejar sin efecto la Decisión Administrativa (DA) 683/2021, que amplió levemente el cupo de ingreso al país de pasajeros argentinos desde el exterior, elevando de 4.200 a 5.200 plazas para el ingreso esta semana, junto a un esquema de aumento progresivo que llegará hasta las 7.000 personas semanales para la primera semana de agosto.
Según los legisladores, la norma y sus antecesoras son inconstitucionales por violar lo dispuesto por el art. 14 de la Constitución Nacional, que establece el derecho de todos los habitantes argentinos de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Del mismo modo, consideran que va en contra del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone también sobre los derechos de permanencia, salida y circulación territorial.
“Es una prohibición de hecho. Las aerolíneas dijeron que según las disposiciones pueden tardar hasta 5 meses en repatriar a todos los argentinos varados”, resaltó Luis Petri en diálogo con Infobae.
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“El cepo al ingreso de personas refleja la incapacidad del Gobierno nacional para controlar a la población que regresa del exterior. En ninguna parte de la Decisión explican las razones por las cuales bajaron el cupo de 2.000 pasajeros por día, no dan razones científicas, técnicas ni epidemiológicas”, continuó Petri.
El legislador enfatizó: “Estamos frente a un gobierno autoritario que ha utilizado la pandemia como trampolín para violar la Constitución; pusieron en cuarentena a todos los argentinos pero también pusieron en cuarentena a la Constitución Nacional. El cepo al ingreso es el reconocimiento expreso de la inutilidad de un gobierno para controlar, testear y vacunar”.
Por su parte, Alfredo Cornejo dijo que “es inadmisible la desidia con la que manejan este tema, que provoca infinitos problemas sociales y económicos a nuestros compatriotas varados en el extranjero por un mero capricho que no tiene fundamentos y que se basa solo en la ineptitud de una gestión improvisada de la pandemia”.
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“Desde nuestra óptica la última Decisión Administrativa así como la anterior, demuestran que no aprendieron a gestionar eficientemente, no cumplieron con su propio cronograma de vacunación, no pueden controlar, solo apadrinan la ineficiencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires”, manifestó la diputada Latorre.
Cuatro medidas
Petri destacó que el objetivo del proyecto es dejar sin efecto la Decisión Administrativa, pero que en caso de no conseguirlo, exigen la implementación de cuatro medidas. Como primer punto, piden la confección de un cronograma de vuelos que pueda darle previsibilidad a los varados en el extranjero. Esta exigencia se emparenta con las demandas de los representantes de las aerolíneas que del mismo modo le exigen al Gobierno mayor previsibilidad operacional.
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En segundo lugar, proponen la implementación de un programa de asistencia al viajero que contemple las situaciones de los argentinos que están en el exterior y no saben cuándo podrán regresar. Destacaron aquí, no comprender por qué el Gobierno no implementó ayudas de este tipo como sí lo había hecho en 2020.
Como tercer punto, exigen la existencia de vuelos especiales de repatriación, que contemple los casos de personas de riesgo y/o con situaciones extraordinarias que necesitan volver a la Argentina con urgencia.
En cuarto lugar piden que el cupo que no se haya utilizado de un día, pueda ser acumulado y el remanente utilizado en futuros arribos, en busca de repatriar la mayor cantidad de argentinos posible.
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