La nueva Ley de Ganancias de Sociedades fue cuestionada por los expertos en impuestos al considerar que castiga la inversión.
A las críticas de los empresarios por la norma aprobada esta semana en el Congreso, se sumaron la de legisladores de la oposición y de los contadores.
El diputado y economista Luciano Laspina afirmó que la nueva ley “es una aberración; castiga la reinversión de utilidades con la alícuota más alta del planeta y premia la distribución de dividendos.¡ Sube impuestos a las empresas y se los baja a los empresarios!”
“Con la ley 2017 cualquier empresa pagaba 25% si reinvertía sus ganancias y creaba riqueza y 35% (10 puntos más) si repartía dividendos. El incentivo impositivo para reinvertir las ganancias-en lugar de girar dividendos- era de 10%”, recordó Laspina. En cambio, “en la nueva ley eso se achica al 5% para todas las empresas del país. Hasta $5 millones la alícuota por reinversión de utilidades será 25% (igual a la ley 2017) pero la alícuota por distribución de dividendos baja del 35% al 30%”.
“Entre $5 y $50 millones le sube impuestos a la empresa del 25% al 30% y lo mantiene en el actual 35% al empresario. El Gobierno les sube impuestos a las empresas y se los baja a los empresarios. Es decir, castiga la reinversión y premia la distribución; el mundo del revés”, enfatizó. En este sentido, explicó que “las empresas grandes -que ganan más de USD 27 mil mensuales- tendrán un aumento de 10 puntos en la alícuota de 25% -ley 2017- a 35% si reinvierten sus ganancias. Y un aumento de 5 puntos (de 35 a 40%) si distribuyen dividendos”.
“El gobierno justifica ‘romperles la cabeza’ con más impuestos argumentando que son grandes empresas. Como si las grandes no fuesen las principales clientes y demandantes de las Pymes. No entienden nada”, afirmó Laspina.
“En un país sin crédito la reinversión de utilidades es el principal capital de largo plazo de una empresa. Subir este impuesto es atentar contra la inversión y el empleo. Un clásico del kirchnerismo cuyo modelo garantiza menos empleo privado y más asistencialismo del Estado”, sentenció.
En este sentido, los expertos en impuestos consultados por Infobae coincidieron en cuestionar los efectos de la ley. Félix Rolando, socio de Andersen Argentina, indicó que “con el nuevo esquema de alícuotas, se introduce un esquema no usual que reduce el impacto del impuesto en las empresas que obtienen bajos niveles de ganancias imponibles anuales (de hasta 53 millones por año) pero, como contrapartida y como una suerte de compensación, se aumenta la imposición efectiva sobre las restantes empresas que se encuentra por encima de esos niveles”.
Así, “la tasa efectiva del impuesto para estas empresas (luego de la distribución de dividendos) arroja una alícuota superior al 35% (tasa máxima prevista en la escala aplicable a las personas humanas) produciéndose así una clara discriminación contra las rentas obtenidas a través de estas sociedades”.
“Este aumento en la imposición se puede llegar a acentuar en forma significativa en aquellos ejercicios en los cuales no se practique el correspondiente ajuste por inflación impositivo por no verificarse la pauta de una inflación del 100% en los tres últimos años”. A partir de esta reforma, “la alícuota efectiva de imposición de nuestro país pasa a ser la más alta de Latinoamérica, restando aún más competitividad a las empresas argentinas”, indicó.
Al respecto, César Litvin dijo que “no hay tolerancia a más impuestos por parte de los contribuyentes, que están saturados de la presión tributaria. Y, cada vez que se implementó uno nuevo desde el inicio de la pandemia, se genera un rechazo generalizado”.
En términos específicos, “el objetivo de esta reforma es financiar la baja de Ganancias de los asalariados, pero como contrapartida generará una mayor desmotivación en términos de inversiones, porque la alícuota efectiva será del 40 por ciento”.
“Una imposición cercana al 40% es excesivamente alta, tomando en cuenta de los impuestos que paga una empresa. La Argentina está entre los peores lugares del mundo en materia de presión sobre las empresas según un ranking del Banco Mundial”, explicó. A esta situación se suma el hecho de que el fisco impide “computar en un solo ejercicio la perdida por inflación, sino en seis partes, sin actualización. Y eso aumenta la tasa efectiva tributaria”.
“A esto hay que agregarle la suspensión del pacto fiscal, que generará más presión impositiva a nivel provincial y municipal. Esto llevara a más pobreza por más”, indicó Litvin.
En tanto, Iván Sasovsky sostuvo que “el proyecto aprobado no hace otra cosa que demostrar la voracidad del Estado en desmedro de la búsqueda de inversiones frescas, ya que coloca a la Argentina como uno de los países con la tasa de impuesto a la renta más alta de la región”.
“En vez de buscar incentivar a las empresas a instalarse en nuestro país con ventajas impositivas, tal como hace Uruguay, en la Argentina fabricamos cada día más tributos y elevamos la presión fiscal hasta límites insostenibles”, disparó.
“Medidas de este estilo, además, hieren la confianza de cualquier inversor, ya que solo unos años atrás se estableció una baja gradual en la alícuota de Ganancias para todos y ahora solo unos pocos podrán gozar de la reducción”, indicó.
“Como si fuera poco, va a incentivar a la subfacturación en aquellos casos en los cuales la renta alcanzada esté en los límites de las escalas. Dicho de otro modo: una vez más los evasores serán los que obtengan el premio mayor”, aseguró Sasovsky.
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