El gobierno buscará modificar el modo de computar el Impuesto a las Ganancias para las empresas a través de un proyecto de ley que será enviado al Congreso. Según explica en sus fundamentos, la intención de la iniciativa es reducir la carga de este tributo para las pymes, mantenerla en su nivel actual para las empresas medianas y elevar únicamente en el caso de las más grandes.
El proyecto establece una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada: “Un primer escalón con una alícuota del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $1 millón; el segundo escalón del 30% para ganancias netas acumuladas de más de $1.300.000 y hasta $2.600.000 y un último segmento del 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $2.600.000. Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota del 7 %, a través del impuesto cedular vigente”.
En sus fundamentos, el proyecto señala que este esquema “permite reducir el impuesto que pagarán las pequeñas empresas y mantenerlo para las medianas. Solo se aumenta para empresas más grandes”.
“Con este nuevo esquema, el 75% de las empresas pagarán una alícuota del Impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal 2020″, agregó.
Los cambios propuestos en el impuesto a las Ganancias para las empresas aparece al mismo tiempo en que el Congreso inició el tratamiento de modificaciones en la aplicación del tributo para empleados en relación de dependencia, con la intención de evitar que sea apagado por aquellos trabajadores que perciban un salario bruto inferior a $150.000.
Los fundamentos de la propuesta repasan la reforma puesta en marcha en 2017 por el gobierno de Cambiemos, que buscaba reducir la alícuota para todas las compañías, sin discriminar por tamaño. Enfatizan que “dicha reducción provocó pérdidas de recursos tributarios afectando el resultado fiscal primario y tuvo nulos efectos sobre la inversión”.
El proyecto afirma que el fundamento de la medida era fomentar las inversiones externas y la reinversión de utilidades, pero replica que “como diversos estudios han demostrado la inversión en nuestro país no es particularmente sensible a la tasa del impuesto a las ganancias y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico”.
“De este modo, se le da una orientación de política pública muy diferente a la concebida en la reforma de 2017, que preveía una reducción de alícuota al 25% para todas las empresas y se reserva esta tasa menor a aquellas sociedades que obtienen un nivel de renta y que difícilmente distribuyan dividendos”, agregaron.
“Como el proyecto incorpora la aplicación de alícuotas marginales o sobre el excedente, las empresas que arrojen beneficios acumulados gravados superiores a $1.300.000 anuales empiezan a pagar la tasa del 30% por los montos excedentes de esa cifra y pasarán a pagar la tasa del 35% por las rentas adicionales a $2.600.000. El uso de tasas marginales evita el incentivo a la subdeclaración, porque pasar de un tramo a otro solo da como resultado pagar la tasa más alta por el monto excedente y no por la totalidad como sucede con las tasas directas o plenas”, explicó el proyecto.
“En resumen, se recomienda introducir una imposición progresiva, receptando la experiencia internacional cuya implementación no alteró la participación del tributo en el PBI. Adoptar este esquema permitiría incrementar la recaudación tributaria del impuesto sin afectar (de hecho, beneficiando) a las empresas de menor tamaño”, concluyen los fundamentos de la iniciativa.
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