Nación vs. Ciudad: quién tiene razón, según los números, en la discusión por el recorte de fondos porteños

El costo de operación de la Policía porteña está en el centro de la disputa económica. El recorte que impulsa Nación la dejaría sin los recursos suficientes al Jefe de Gobierno, quien de todos modos hoy recibe más de lo que gasta en las fuerzas de seguridad.

En una pelea cuyas implicancias políticas trascienden la discusión de montos y porcentajes, las cifras de la disputa entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta dejan una clara evidencia: tanto desde el Gobierno nacional como desde la Jefatura de la Ciudad, el margen de negociación, en términos económicos, es bien amplio. Tanto como los casi $20.000 millones que la Ciudad estaría recibiendo “de más” para cubrir los costos de la transferencia de la Policía porteña o los $14.000 millones de menos que pretende ahora girarle la Nación, insuficientes para cubrir la operación de esa fuerza de seguridad.

Las cifras surgen de estimaciones privadas en base a los números oficiales de la Secretaría de Hacienda porteña, según los cuales el costo de la policía para la Ciudad asciende a 38.200 millones de pesos. Pero, de acuerdo al proyecto que fue tratado en la Cámara de Diputados la semana pasada, el monto a transferir acorde al costo de operación asciende apenas a los $24.500 millones, lo que alcanzaría para cubrir apenas el 60% del costo. El texto aprobado finalmente incorporó un plazo de 60 días de negociación para definir por convenio el monto final, pero ése es el monto que calcula Nación, unos $13.700 millones menos.

En contrapartida, los fondos que hasta ahora venía recibiendo la administración de Rodríguez Larreta por ese concepto cubren en exceso el gasto. El excedente, remarca un cálculo de la consultora IDESA, alcanzaría los $19.000 millones. Esto porque el aumento de coparticipación dispuesto en 2016, y levemente recortado un año más tarde con la firma del Consenso Fiscal de 2017, que contó con la rúbrica de todas las provincias cuyos gobernadores rubricaron el viernes con el presidente Alberto Fernández el nuevo Consenso Fiscal –con sentido inverso– dispuso una transferencia equivalente a unos $57.200 millones para este año. Las grandes diferencias entre todas esas cifras se basan, en parte, en que Nación centra el presupuesto en el costo del personal mientras que la Ciudad hace un cálculo más amplio de toda la operación. De esta manera, el Gobierno central busca transferir a Larreta 36% menos de lo que la Ciudad gasta en la policía porteña mientras el Jefe de Gobierno porteño recibe hoy 49,7% más.

“Un dato clave es que nunca se presentó un estudio oficial sobre el costo de los servicios transferidos”, destaca el informe en el que detalla que “apelando a información histórica de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda se puede trazar el siguiente panorama para el 2020: los $24.500 millones que plantea el Gobierno nacional equivaldrían, a precios actuales, a lo que le costaba a la Nación el personal transferido. Incluyendo otros costos, además de personal, según la ejecución presupuestaria, los servicios transferidos costarían a CABA en la actualidad unos $38.200 millones mientras que el incremento de coparticipación otorgado ascendería aproximadamente a $57.200 millones”.

La magnitud de las diferencias entre las cifras deja en evidencia el espacio disponible para avanzar en una negociación que permita un acuerdo en algún punto intermedio, siempre y cuando la discusión fuera simplemente por una cuestión de recursos y estuviera centrada en la vocación de una distribución equilibrada, sin condicionantes de índole política.

“Los datos señalan que la porción de coparticipación otorgada en su momento por la Nación a CABA excedería a lo que insume la transferencia de la Policía Federal. A su vez, también muestran que el monto fijado en la ley impulsada por el Gobierno nacional no alcanzaría para cubrir estos costos. Si el tema se hubiese manejado con más transparencia y seriedad, desde un principio, es probable que el conflicto se hubiera evitado. Pero el oscurantismo y el desprecio por la institucionalidad degradan la gestión pública”, opinó IDESA en su reporte, en el que destaca que el origen el problema es haber fijado un aumento de la coparticipación en vez de un monto fijo actualizable, ya que los recursos distribuidos a las provincias podían crecer por otros factores, como efectivamente ocurrió a principios de 2016, con la devolución de 15% que dispuso la Corte Suprema de Justicia.

“No había garantías de que los ingresos adicionales que recibe CABA sean similares a los costos de los servicios transferidos”, concluye el informe.

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