Desde que el lunes a última hora, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con los empresarios más importantes de la Argentina, nucleados en AEA, crece la expectativa en el sector privado por una modificación radical en el proyecto de “aporte solidario y extraordinario”, más conocido como impuesto a las grandes fortunas. Tal vez bajo la forma de un bono u otro instrumento que imponga la carga del aporte sobre las empresas y no sobre los patrimonios personales, la medida es esperada como el gran gesto de reconciliación con el sector empresario.
Lo concreto es que, aunque los interlocutores del ministro sólo se limitaron a admitir que “se discutió sobre la presión impositiva”, quienes lo tratan o discutieron con él la cuestión saben que la iniciativa no es de su agrado y tampoco la considera oportuna por contrariar los enormes esfuerzos que hace por estos días para mantener la calma en el mercado.
Con ese objetivo, en definitiva, es que el Gobierno pronunció esta semana el viraje hacia una mayor ortodoxia en materia económica a tal punto que, ayer, Guzmán anunció que presentará lo que el mercado le viene reclamando desde que asumió: un plan fiscal y monetario de corto y mediano plazo. “Una hoja de ruta”, prefieren definirlo en el Palacio de Hacienda, donde admiten que se trata de “lo que tanto nos venían pidiendo” para apagar la ansiedad en la plaza financiera y sostener la tregua en la pelea con el dólar.
El anticipo sobre ese plan plurianual, que llegaría de la mano de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y podría implicar la revisión de hecho de algunas variables contempladas en el proyecto de Presupuesto, se suma a las insinuaciones sobre un menor financiamiento a través de la emisión monetaria y también al anuncio de descongelamiento de tarifas, la autorización de aumento a las prepagas, las comisiones bancarias y el desmantelamiento del plan de Precios Máximos, un control que generaba cada vez mayor malestar entre las empresas. Es el ministro de Producción, Matías Kulfas, quien lleva adelante las negociaciones con los empresarios para habilitar esas subas de precios y quien, consultado ayer sobre el rechazo empresario a ese impuesto, insistió en que “pueden pagarlo”.
Sin embargo, en una extensa entrevista radial, Guzmán prefirió explicar las dificultades para bajar impuestos y sólo remarcó que los empresarios deben comprender “que gobernamos nosotros”. En privado, fuentes del Ministerio de Economía remarcaron que los nuevos lineamientos fiscales y monetarios que presentará el funcionario no incluirían “nuevos impuestos” y recordaron que tampoco en el Presupuesto 2021 se contemplan los ingresos extraordinarios que reportaría la aplicación del gravamen propuesto por el diputado Carlos Heller con la bendición de Máximo Kirchner.
La iniciativa, que llegó a la Cámara de Diputados a principios de agosto y aún no fue tratada en el recinto, contempla una recaudación de unos $300.000 millones, cifra que de obtenerse tendría asignación específica prevista en el mismo proyecto. “Si una iniciativa como ésta, anunciada con tanto ruido y con apoyo de un sector importante, no logró avanzar en tantos meses es porque tanta convicción no hay. Y a Guzmán no le gusta nada que no esté dentro de un marco, que sea pensado y sostenible”, aseguró una fuente cercana al ministro, quien también relativizó la idea de un plan alternativo, como un “bono patriótico”.
Ese traslado de la imposición “por única vez” de empresarios a empresas, propuesto incluso por los propios afectados, tiene mayor potencial recaudatorio -incluiría por ejemplo a los bancos- pero a los ojos de Economía también afectaría el clima de negocios. Sería inevitable, en un esquema de esas características, abarcar tanto a las empresas nacionales como multinacionales, en un contexto donde el atractivo de inversión en el país está bajo fuerte cuestionamiento y en el que desde el Ministerio de Producción elaboran documento para explicar que “no hay un éxodo de empresas extranjeras de la Argentina”. Sin embargo, aunque no lo reconozca públicamente, Guzmán sabe lo que ayer expresó cristalinamente el CEO de Blackrock, Larry Fink: “Hay sitios más seguros que Argentina donde invertir en América latina”.
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