El Gobierno admitió ante el Congreso que el proyecto de Presupuesto 2021 no prevé partidas presupuestarias para la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de $10.000 que pagó la Anses en tres ocasiones como medida para paliar el impacto del parate económico generado por la pandemia de coronavirus covid-19 sobre trabajadores en negro, monotributistas de las categorías más bajas y otros sectores vulnerables. Tampoco está contemplada en principio la continuidad del programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP) más allá de este año, al menos en las previsiones del proyecto de ley.
El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, participó ayer del debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Senado y, ante la consulta de los legisladores, dijo que el proyecto de ley “no contiene estas previsiones” aunque sostuvo que “se destinarán partidas para apoyar y acompañar una transición desde la emergencia a la situación de nueva normalidad”.
“El gasto real de 2021 va a crecer respecto de 2020, sin tener en cuenta los gastos extraordinarios (por la emergencia). Para que exista esto y al mismo tiempo baje el déficit, vemos que el ajuste recaerá sobre los intereses de deuda producto de renegociación de la deuda pública”, destacó Rigo.
En esa línea, afirmó que “todas las políticas públicas que se proyectan tienen un financiamiento genuino”, y remarcó que el proyecto le da “un decidido impulso a la inversión pública para contribuir a la reactivación económica junto con el sector privado”.
En cuanto al déficit fiscal proyectado para 2021, del orden 4,5% del PBI, Rigo señaló que se trata de "un nivel posible de ser financiado. Mientras 2020 terminará con un déficit del orden del “6,6% ó 7%, el Presupuesto 2021 propone un déficit primario más acotado que vaya tendiendo hacia la convergencia fiscal y refleje un menor desequilibrio”, resaltó.
El debate en comisión continuó esta mañana y dejó todo listo para la firma del dictamen que llevará al proyecto al recinto la semana próxima.
La discusión de hoy giró en torno de las preguntas que los legisladores le hicieron al titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón, acerca de las proyecciones incluidas por el Gobierno en el proyecto y su consistencia en función de la pandemia y de la crisis local. Legisladores de la oposición profundizaron con el especialista el tema de los gastos en el sistema de la seguridad social y los cálculos con y sin la posibilidad de que continúen los programas de asistencia, como el IFE y el ATP, de acuerdo a la evolución de la pandemia.
Mientras tanto, en la Anses y el Gabinete económico continúa la discusión para definir cómo terminará el año para el IFE. Esta semana, la titular de la entidad dijo que está en consideración la posibilidad de un cuarto desembolso del Ingreso Familiar, pero que es una de varias opciones en análisis. La funcionaria dijo que en estos momentos se discute si será una “nueva prestación, si va a ser con un nuevo derecho, o con un nuevo pago”.
Una de las ideas que circulan en el Gobierno según fuentes oficiales es un ingreso más “focalizado”, para jóvenes de entre 18 y 28 años y mujeres adultas, jefas de hogar, que hayan perdido su empleo.
Sin embargo, desde el Ejecutivo advirtieron que es posible que la idea de focalizar y tener un padrón de beneficiarios “más fino” no se pueda llegar a aplicar antes de fin de año. “Pero tampoco se definió si habrá un IFE 4 tal cual lo conocemos”, explicaron.
Otras versiones que circularon es que, de existir un cuarto pago, se concretaría recién más cerca de fin de año. El cronograma de pagos también es algo que todavía está bajo el análisis de los funcionarios de las distintas áreas. Esta semana, aunque aún no está definido el día, se realizará una nueva reunión del Gabinete económico donde puede haber algún avance en el tema.
El primer pago del IFE fue abonado entre abril y mayo. El segundo pago se concretó entre junio y julio; y el tercero, en agosto. Actualmente reciben el ingreso de $10.000 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo, trabajadores informales, desocupados y monotributistas de las categorías más bajas y el personal de casas particulares.
El rango etario en donde más se concentraron los beneficios es entre los 25 y los 34 años (3 millones), seguido por entre 18 y 24 años (2,5 millones), el rango etario más afectado por el desempleo. El rango con menor concentración de beneficiarios es el que va de los 55 a los 65 años (600.000), según los datos de la Anses.
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