El proyecto de ley para establecer un aporte solidario y extraordinario, conocido como “impuesto a la riqueza” generó un fuerte repudio por parte del sector empresario, que ya viene planteando su molestia por la alta presión impositiva que tiene la Argentina.
En la víspera del comienzo del tratamiento de la iniciativa en la Comisión de Presupuesto, presidida por su autor, Carlos Heller, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) manifiestó su preocupación respecto de lo que significará una nueva carga sobre las personas humanas con grandes patrimonios, “que incrementaría una presión impositiva ya de por sí muy elevada”.
“La CAC entiende que la progresividad es una característica bienvenida de los esquemas impositivos, pero también que antes de avanzarse con una obligación extra debe tenerse en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente, como lo son el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales, gravando este último los mismos bienes sobre los que se intenta aplicar el gravamen que se proyecta, y cuyas alícuotas se incrementaron en hasta 9 veces en el último año”, afirmó la entidad mediante un comunicado.
Además, planteó que la entidad está convencida de que la expansión de la actividad, la reducción de la pobreza y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un “sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen, con el riesgo adicional de generar algún grado de éxodo tributario a jurisdicciones con un tratamiento más favorable”.
El proyecto de ley que este martes comenzará a tener tratamiento legislativo en comisión impone un gravamen, por única vez, a los patrimonios de personas humanas superiores a los $200 millones y, según el oficialismo, alcanzaría a sólo 12.000 personas. En líneas generales, se propone gravar con alícuotas progresivas que van del 2 al 3,5% y el tributo recaerá sobre los bienes de las personas humanas declarados hasta el 31 de marzo del año pasado. Otros dirigentes empresariales ya habían cuestionado la iniciativa.
El déficit fiscal primario previsto para el 2021 alcanzará el 4,5% del PBI, según el proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo enviará mañana al Parlamento. Al respecto, el comunicado plantea que la reducción de este desequilibrio demanda una “paulatina baja del gasto público, a través de la supresión de ineficiencias varias y de una progresiva sustitución de los programas de asistencia –muy necesarios en la emergencia– por empleo privado genuino”.
“Asimismo, agrega, en materia de ingresos fiscales se requiere una reforma tributaria integral que consolide la progresividad del sistema, resuelva su extrema complejidad, provoque la disminución sustancial de la informalidad –que constituye una competencia desleal para los que sí cumplen con sus obligaciones–, incentive la inversión, promueva la creación y el desarrollo de empresas y armonice asimetrías territoriales y de dimensión”.
En este sentido, el Gobierno enviará en las próximas semanas al Congreso un proyecto de ley de reforma impositiva que apuntará a que paguen más los que más ganan y que la inversión esté beneficiada. De acuerdo con el borrador del proyecto de Presupuesto 2021 al que accedió Infobae, la presión tributaria se incrementaría el año próximo del 24% del PBI que cerrará este año al 24,8%.
Sobre la nueva estructura tributaria que se está trabajando, el borrador de la iniciativa de gastos y recursos afirma que el Gobierno trabaja intensivamente en una armonización de la estructura tributaria argentina de manera tal de: a) consolidar una distribución del ingreso más progresiva a través de una mayor carga sobre sectores de elevada capacidad contributiva y una ampliación del alcance de los tributos progresivos; y b) alinear los incentivos que el sistema tributario emite al sector privado con foco en la producción nacional, las exportaciones y la generación de empleo digno.
La entidad que preside Jorge Di Fiori también recuerda que, tal como se menciona en los considerandos del proyecto, el país atraviesa una “crisis de envergadura, provocada por la pandemia de coronavirus y las restricciones asociadas, que se suman a un virtual estancamiento de casi una década”.
"Pero no debe olvidarse que nuestro país tiene una larga tradición en impuestos nacidos en la emergencia, casi siempre distorsivos, que acaban por perpetuarse, incrementando el cada vez más alto costo argentino”, manifestó la CAC, al tiempo que pidió que se encuentren otros caminos para los objetivos planteados, como la necesaria consolidación fiscal, en beneficio de la inversión, la generación de empleo y el progreso económico y social.
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