La presentación hace una semana de la cuarta “y última” oferta de deuda apunta a marcar un punto de inflexión en el discurso económico oficial: desde ese momento, el Gobierno busca instalar la agenda post pandemia con una combinación de anuncios concretos como la mega moratoria fiscal, trascendidos de medidas en estudio como un plan de obra pública, y declaraciones de los funcionarios del área, incluso de aquellos que hasta el momento mantenían un marcado bajo perfil.
Durante toda la semana, ministros y otras figuras del gabinete económico intentaron acaparar la atención sobre “lo que se viene”, movida que inició el propio Martín Guzmán con una seguidilla de entrevistas radiales y televisivas esencialmente sobre la reestructuración de la deuda, saga que reforzaron su colega Matías Kulfas y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y cerró durante el fin de semana extra largo y con un protagonismo inesperado, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca. La funcionaria, habitualmente más cómoda lejos de los reflectores y micrófonos, dejó definiciones tan fuertes como realistas sobre el aumento del desempleo, la pobreza y la destrucción de empresas que tuvieron la previsible repercusión. Pero su irrupción como vocera económica no fue casual ni caprichosa ni, seguramente, tampoco pasajera. Su aparición responde a una directiva precisa que emana desde Casa Rosada para todos sus funcionarios, principalmente, para aquellos involucrados en la gestión económica: romper lo que llaman “el silencio mediático”.
En la práctica, la instrucción es salir a ocupar más espacio en los medios, mostrarse más y marcar la agenda. Y, en ese tren, remarcar que lo peor de la caída histórica ya pasó, que abril fue un piso inédito del que ya se despegó como indican diversos indicadores, como el de servicios públicos. De paso, despejar dudas sobre la continuidad de funcionarios y frenar el avance de los siempre desgastantes rumores sobre cambios de gabinete que empezaban a acechar en el área económica.
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Tanto Todesca como Guzmán dieron indicios sobre los pilares del plan de reactivación, a base de obra pública y crédito subsidiado. En el primer caso, la vicejefa aclaró que no se apuntará a megaproyectos sino a la obra pública más pequeña, “de cercanía”, como el plan anunciado por AySA antes de la cuarentena. En el segundo caso, se trata de la ampliación de planes para estimular el consumo en cuotas, un plan de subsidio a la compra de bienes durables como el que Kulfas analiza con las automotrices y también lo que en los bancos ya descartan será el cumplimiento del principal reclamo de la Unión Industrial: financiamiento a tasas negativas para estimular la producción.
Como base en la que se desarrollará este conjunto de medidas hay una única premisa innegociable: tener un dólar estable.
Aunque existen diferencias entre la conducción del Banco Central y del Palacio de Hacienda respecto de los motivos que dispararon la brecha cambiaria -para los funcionarios del BCRA fue la tensión que generó la negociación de la deuda mientras que en Economía culpan a la pandemia-, no hay fisuras a la hora de considerar que la principal causa del avance de los precios es la suba del dólar. Desde esa perspectiva, tanto Guzmán como Miguel Pesce, titular de la entidad monetaria, admiten la necesidad de esterilizar gran parte de la inmensa emisión monetaria a la que se recurrió para paliar las consecuencias de la cuarentena a la vez evitan generar expectativas sobre el desmantelamiento de los controles cambiarios.
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“Llegar a un acuerdo por la deuda no va a resolver todos los problemas de la economía. Es un punto de partida para tener finanzas públicas saneadas y tener certidumbre en el sector privado. Hay problemas que van a llevar tiempo. Apuntamos a que haya modificaciones en la regulación de la cuenta de capital,pero no se puede hacer de un día para el otro”, repitió Guzmán, palabras más, palabras menos, cada vez que fue consultado por las restricciones para la compra de dólares durante la última semana.
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