La caída de la actividad económica a mínimos históricos, como consecuencia de haber decretado el Gobierno el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 20 de marzo, y que afecta fuertemente a la situación financiera de las empresas, no está provocando, como podía esperarse o como sucedió en otras crisis, una avalancha de pedidos de concurso de acreedores en la Justicia, por la imposibilidad de pagar las deudas.
Según los profesionales que trabajan en los casos, las empresas -tanto grandes como chicas- hoy buscan cerrar acuerdos privados con sus proveedores o directamente “bajan la persiana” sin pasar por un proceso judicial, que suelen percibir como largo y costoso.
“No va a ser como en 2001 y 2002. Estamos en una situación nunca vista. Previo a presentarse a concursos y quiebras, muchas empresas tratan de arreglar una salida con sus acreedores o cierran. Tampoco pienso que vaya a haber una catarata de pedidos porque se están haciendo mucho acuerdos privados por afuera de la Ley de Concursos y Quiebras. Los que piensan que van a seguir, están renegociando”, dijo a Infobae Silvia Gómez Meana, presidenta de la Comisión de procesos concursales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires.
Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) detallaron que desde comienzos de mayo, cuando se habilitó la presentación de concursos y quiebras, el inicio de concursos fue muy bajo debido a que por el aislamiento no se pueden cumplir con los requisitos formales —libro societarios, balances y demás—. En total, se presentaron ocho concursos, los más importantes fueron la sociedad Trident Southern Explorations de Argentina, que lleva adelante el proyecto minero Andacollo en Neuquén, la línea de colectivos 141 y la empresa Ingeniería Gastronómica, que tiene 152 empleados. En tanto, solo se presentó un pedido de quiebra.
Un factor que contribuye a mantener frenada una avalancha es que la AFIP suspendió hasta el día 30 de junio la iniciación de juicios de ejecución fiscal. Y también los auxilios que se implementaron desde el Gobierno: ayuda para el pago de salarios o los créditos al 24% anual.
Muchas empresas más pequeñas, profesionales independientes o comerciantes no tienen recursos para afrontar un concurso de acreedores y se sienten con poco poder para negociar frente a un banco, por ejemplo. Por eso, se espera que en el Congreso se pueda tratar algún proyecto de procedimientos judiciales acotados para empresas más chicas. “Cuanto te subís al tren del concurso no sabés a dónde vas a llegar. Puede ser la quiebra”, advirtió Gómez Meana. Con todo, los acuerdos privados no tienen el paraguas de la Justicia -no se suspenden los intereses desde la apertura del concurso- y dependen de la buena voluntad de las partes.
"Por el entendimiento de la generalidad de la situación y su carácter transitorio, los acreedores y proveedores están más abiertos a lograr acuerdos privados de reestructuración de deuda, incluyendo esperas temporarias, capitalización de intereses y financiación de ventas, entre otros. Además, las reestructuraciones privadas permiten negociar con cada proveedor y acreedor en forma independiente, atendiendo a las necesidades y posibilidades de cada uno”, explicó Fernando Hernández, socio del estudio Marval O’Farrell Mairal y especialista en reestructuración de deuda e insolvencia.
Antes de llegar a la quiebra, los deudores cuentan con dos herramientas para reestructurar su deuda bajo la Ley de Concursos y Quiebras (24.522): el acuerdo preventivo extrajudicial y el concurso preventivo de acreedores. En general se trata de procedimientos largos y costosos. “Si bien el primero es más expeditivo, económico y corto que el segundo, el deudor se puede ver obligado a presentar la solicitud de apertura de su concurso preventivo en el caso de sufrir embargos que afecten su operación o pedidos de quiebra por parte de sus acreedores”, detalló Hernández.
Frente a los acuerdos privados de reestructuración de deuda, la ventaja de los procesos judiciales es que las propuestas aprobadas por más del 50% de los acreedores quirografarios (los que no son prioridad) y más de los dos tercios de la deuda quirografaria, en monto, homologados por el juez, son vinculantes para todos los demás acreedores que no adhirieron a la propuesta.
“Mientras continúe la feria judicial también están virtualmente suspendidas las medias cautelares y los pedidos de quiebra, lo que impide que los deudores se vean forzados a iniciar un concurso preventivo”, acotó Hernández.
Por eso, los contadores y abogados estiman que, al igual de lo sucedido durante la crisis de 2001, el Congreso dicte una ley que suspenda las ejecuciones y medidas cautelares y los pedidos de quiebra. “Estas medidas otorgarían a los deudores tiempo para alcanzar reestructuraciones privadas y recuperar la actividad económica”, concluyó Fernando Hernández.
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