Uno de los líderes de los bonistas ya habla de default, pero se mostró confiado en llegar a un acuerdo después del viernes

Hans Humes de Greylock Capital habló en un evento onlíne sobre la negociación para la reestructuración de deuda argentina. Dijo que debería haber suficiente flexibilidad por parte de los acreedores privados

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Hans Humes de Greylock Capital

Un miembro prominente de un grupo de acreedores de Argentina señaló que sería “muy difícil” para el país evitar una cesación de pagos, en momentos en que el Gobierno busca llegar a un acuerdo con bonistas internacionales antes del viernes, la fecha límite de negociaciones. Sin embargo, consideró que el impago puede ser “curado” muy rápidamente.

“No es probable que el Gobierno y los bonistas lleguen a un acuerdo antes del 22 de mayo, cuando termina el período de gracia de los USD 503 millones de intereses vencidos. Aunque la Argentina estará en mora si no paga o no llega a un acuerdo para esa fecha, hay un deseo de resolver las negociaciones”, dijo Hans Humes, de Greylock en un evento online.

Además, quien es una de las principales figuras en la negociación con el Gobierno enfatizó: “Odiaría ver algo tan desordenado como un ‘default’ duro”. Humes, quien habló en una conferencia virtual, señaló que era más posible para la Argentina encontrar consenso entre sus acreedores después del plazo de vencimiento del viernes.

Debería haber suficiente flexibilidad para llegar a un acuerdo que sea aceptable, pero tendremos que ver”, señaló uno de los que lideran las discusiones por parte del Comité de Acreedores. Y añadió: "Va a ser difícil para el país evitar algún tipo de incumplimiento grave. Aunque cualquier tipo de incumplimiento puede ser curado en poco tiempo”, agregó el inversor, según declaraciones publicadas por la agencia Bloomberg.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, había dicho la semana pasada que la fecha del 22 (mañana) era "anecdótica"

El Gobierno está analizando contraofertas realizadas por los acreedores privados para la reestructuración de USD 65.400 millones de deuda emitida bajo legislación extranjera. Tres comités de bonistas le presentaron propuestas a fines de la semana pasada, luego de rechazar una oferta inicial del Gobierno que incluía un período de gracia de tres años, un recorte del 62% en el pago de cupones y la postergación de vencimientos hasta el 2030 y más adelante.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo esta semana que existía una gran posibilidad de que las negociaciones entre Argentina y sus acreedores se extiendan más allá del viernes. Incluso, dijo que la fecha del 22 era “anecdótica” y que lo más importante era alcanzar un acuerdo que sea cumplible en el tiempo.

De hecho, en la cartera económica están redactando la resolución que confirmará la extensión, por diez días, del plazo para cerrar la reestructuración. Y probablemente ese período luego pueda volver a ser prorrogado, ya que si cambia completamente la oferta y se modifica lo que los bonistas tendrán que votar, el Gobierno debe otorgarles diez días corridos desde el momento en que se conoce la nueva propuesta.

Las declaraciones de Humes están en línea con el discurso que viene pregonando el Gobierno respecto de que no daban los tiempos para materializar un acuerdo durante esta semana y que las discusiones seguirían durante los próximos días. Desde el oficialismo, también dejaron trascender que el pago de mañana no se realizará, pero que se tratará de un “default técnico”, ya que las partes siguen negociando y hay voluntad de llegar a un acuerdo.

Luego de que, el viernes pasado a última hora, los tres grupos de acreedores presentaran sus contraofertas al Gobierno, trascendió esta semana que el gigante Blackrock –que lidera el comité ad hoc– propuso al resto de los fondos que integran el grupo reducir la pretensión de cobrar un valor neto presente de alrededor de 60 centavos por cada dólar invertido hasta los 50 a 55 centavos.

Si bien son trascendidos, ese valor es el que reúne el mayor consenso dentro del mercado para un cierre exitoso de la propuesta, ya que se ubicaría en el medio entre lo que ofreció el Gobierno, que rondaba los 40 centavos, y la pretensión de los acreedores, más cercana a los 60 centavos.

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