El Gobierno creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción con el objetivo de morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo.
Muchas pymes, monotributistas y autónomos están esperando ansiosamente la reglamentación para poder solicitar los beneficios y tratar de subsistir mientras dure la pandemia y la afectación de la economía.
En ese marco, se observa que muchos de estos sujetos -pymes, monotributistas y autónomos- podrían quedar al margen porque no se contempla su situación. Estos sujetos no deberían tener mayores inconvenientes para pedir los beneficios si realizan actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan y/o tienen una cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID-19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupos de riesgo u obligaciones de cuidado familiar.
En cambio, pueden tener problemas si no encuadran en esas condiciones y deben ingresar a través de la tercera condición, que es la sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020. El problema se daría porque el hecho de vender (emitir las facturas) no implica que se haya cobrado. El caso más claro puede ser el de las pymes, monotributistas y autónomos que prestan los denominados servicios continuos. Entre otros consultoras, profesionales, etc.
El decreto reglamentario
El artículo 21 del Decreto Reglamentario de la Ley del IVA establece que: “Cuando por la modalidad de la prestación no se fije expresamente el momento de su finalización -como en el caso de los llamados “servicios continuos”; se entenderá que la misma tiene cortes resultantes de la existencia de un período base de facturación mensual, considerándose, a los efectos previstos en el inciso b) del artículo 5 de la ley, que el hecho imponible se perfecciona a la finalización de cada mes calendario”.
Y el artículo13 de la Resolución General 1415 de la AFIP establece que, en estos casos, se debe emitir la factura el “último día de cada mes calendario, excepto que con anterioridad se hubiera percibido -en forma total o parcial- el precio o concluido la operación”.
Por ejemplo, las consultoras y los profesionales que acuerdan un abono mensual con sus clientes, debieron emitir sus facturas con fecha 31 de marzo, es decir, con posterioridad al 20 de marzo, pero eso no implica que vayan a cobrar las mismas. Si sus clientes están con graves problemas económicos generados por el COVID 19, puede suceder que no paguen esas facturas.
En consecuencia, los sujetos que facturaron al 31/3 y que no cobren esas facturas, deberían poder solicitar los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Sin embargo, dado que el Decreto sólo contempla la sustancial disminución de las ventas -léase facturación- no podrían ingresar al Programa.
Por ese motivo se debería modificar el Decreto 332/2020, de modo de contemplar también a la sustancial disminución de las cobranzas como condición para poder ingresar al Programa y obtener los beneficios.
Si bien se podría hacer vía reglamentaria, incluyendo a las cobranzas dentro del término “ventas”, una solución de ese tipo estaría avanzando por encima del Decreto, afectando el principio de legalidad.
El autor es socio de SDC Asesores Tributarios
Seguí leyendo:
Últimas Noticias
ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 24 de septiembre de 2026
Los pagos continúan según la terminación del DNI y contemplan un incremento de 2,11% en los montos de las prestaciones
Las 5 razones que identificaron los analistas para explicar el fuerte repunte del riesgo país
Hace dos meses que se acumula el deterioro de los bonos dolarizados. Los mercados ya se pusieron en modo electoral y reducen su exposición en activos argentinos. Expectativa por la colocación de deuda de San Juan
“Superjueves”: la pobreza y la actividad marcarán la agenda, mientras el Senado define las reformas del BCRA y Zonas Frías
El Indec publicará qué pasó con la economía en julio y con los indicadores socioeconómico en el primer semestre del año. En la Cámara alta, el Gobierno buscará que se conviertan en Ley Zonas Frías mientras que los cambios en la carta orgánica volverá a Diputados
Corredor Andes-Atlántico: las diez claves para entender el acuerdo de inversiones que la Argentina firmó con Estados Unidos
La iniciativa prevé inversiones de hasta USD 7.000 millones para 2027 en obras de energía, minería, transporte y telecomunicaciones. Qué incluye, quién aporta el financiamiento y qué compromisos asume cada país
La industria autopartista encendió una alerta en el Congreso por el avance de piezas importadas en los autos nacionales
AFAC pidió a los diputados un nuevo acuerdo con Brasil e incentivos para sostener la producción nacional de componentes
