El discurso del ministro de Economía en la sesión informativa realizada en la Cámara de Diputados sirvió en cierto modo de respuesta al reiterado pedido de los acreedores desde que Alberto Fernández llegó al poder: conocer con claridad cuál es el sendero fiscal para la Argentina de los próximos años dentro del cual enmarcar las negociaciones por la deuda.
Algunos de esos años serán años de gracia, en los cuales el Gobierno planea no pagar para poder encaminar su economía de un modo sostenible, el adjetivo más repetido por el ministro en sus 65 minutos de presentación en el recinto de Diputados.
Guzmán limitó su proyección al año en curso y avisó que no habrá austeridad fiscal. “No es sostenible ni realista que haya reducción del déficit fiscal primario en 2020, no se está apuntando a eso”, advirtiendo tanto a los acreedores como al Fondo Monetario Internacional que los esfuerzos fiscales del Gobierno no son más que los que ya se vieron hasta el presente. En 2019, ese déficit cerró muy cerca del 0,5% del PBI que Cambiemos había acordado con el FMI sobre el final de su mandato.
Para que no queden dudas, agregó que "las medidas que tomamos buscan establecer una secuencia hacia equilibrar las cuentas pero buscan en lo inmediato tener espacio para las políticas expansivas que necesitamos tener. Por lo tanto, en esta secuencia que forma parte del análisis de la sostenibilidad de la deuda no se está planteamos una reducción del déficit primario en 2020.”
La definición sobre el camino fiscal empieza a deshacer la “conversación circular” que Guzmán venía manteniendo con los acreedores. En ese diálogo infructuoso, los tenedores de deuda pedían detalles de un plan fiscal para saber si la oferta de reestructuración de deuda que hará la Argentina es viable, mientras el Gobierno decía que no es posible explicar su plan hasta que la cuestión de la deuda no esté definida. Ese laberinto se evidenció en el encuentro que el ministro mantuvo con acreedores en el Council of the Americas en Nueva York a fines de enero.
Guzmán avisó que no habrá más esfuerzos que los exhibidos y hasta le dio a su anuncio un sustento teórico: “No hay peor opción que la austeridad fiscal ante una recesión”.
De esta forma dejó en claro, para propios y extraños, que la austeridad fiscal no estará en su vocabulario aunque ya estuvo en sus decisiones. A la hora de las preguntas, el diputado Jorge Sarghini le recordó a Guzmán que el Congreso ya le dio todo lo que necesitaba en el plano fiscal. “La ley de emergencia económica rompió una inercia que, de continuar, que nos llevaba a un déficit fiscal del 3% del PBI. ¿Cómo se resuelve un déficit de ese tipo si no es por el camino de la austeridad fiscal? Por ahí, interpretamos mal la ley. No suena bien, no es políticamente correcto, hablar de austeridad fiscal”, soltó Sarghini, con algo de ironía. El experimentado legislador, hoy enrolado en el lavagnismo, completó con una pregunta inquietante: ¿qué negociación hubiese sido posible con los acreedores si antes no se corregía ese déficit?
El ministro no desconoce que la respuesta que hallará desde el otro lado de la mesa de negociación será negativa. La disciplina fiscal que esperan los bonistas no es otra cosa que su certeza de cobro. Y allí puede incluirse al propio FMI.
Reconoció que “con estos números va a haber frustración por parte de los bonistas” y se amparó en la sinceridad: “Vinimos a poner la realidad sobre la mesa. Muchas veces se han hecho promesas rimbombantes que luego no se pueden cumplir. Si queremos cerrar el ciclo de sobreendeudamiento tenemos que tomar compromisos que sí se puedan cumplir”.
En la línea del realismo, Guzmán consideró “un escenario factible” que el equilibrio fiscal llegue en 2023 –último año de mandato de Alberto Fernández– para dar paso luego a un superávit fiscal primario de entre 0,6% y 0,8% del PBI. También pronosticó que con fuertes cambios tributarios el equilibrio podría llegar en 2022, siempre que haya exportaciones creciendo al 5% y un PBI al 2 por ciento.
El mensaje de que no habrá nuevas señales de disciplina fiscal sonará mal entre los acreedores y el FMI, a quienes además Guzmán juzgó que tienen “responsabilidad compartida” con la Argentina por haber llegado a la situación actual. “Los acreedores apostaron a un sistema que no funcionó”, dijo.
A la vez, podrá ser aprovechado para su frente interno, dado para algunos oficialistas no siempre es fácil explicar decisiones como las cargas impositivas que trajo la ley de Emergencia Económica o que muchos jubilados queden afuera de la actualización que les daba el sistema anterior, medidas lejanas del gobierno que llegaba a “ponerle plata en el bolsillo a la gente”.
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