Los técnicos del Indec advirtieron que si la conducción del instituto no se separa del Poder Ejecutivo, hay riesgos de que pueda volver la manipulación de las estadísticas públicas.
Los delegados de ATE-Indec, que se enfrentaron a la estrategia llevada adelante por el kirchnerismo desde 2007, pretenden que el director técnico de la entidad sea elegido por concurso técnico para evitar cualquier discrecionalidad. Esta mañana, Marco Lavagna, el economista elegido por Alberto Fernández para conducir el Indec a partir del 10 de diciembre, pronosticó que la inflación del 2020 no bajará del 40 por ciento.
Según precisó en radio La Red, “la inflación de 2019 es tan alta que hagas lo que hagas no vas a tener menos de 25 o 30 puntos de base el año que viene. Después dependerá del tipo de cambio y del proceso de reestructuración de la deuda”.
Por su parte, en diálogo con Infobae, el delegado de ATE-Indec, Raúl Llaneza, expresó: “Según la ley que este gobierno mandó al Congreso, el Indec sigue dependiendo del Poder Ejecutivo, cuando la única forma de garantizar su independencia es que sea autárquica del poder político de turno”.
“El Indec es un caldo de cultivo para que cualquier persona pueda hacer lo mismo que se hizo en el pasado”, sentenció.
“Mientras no se garantice esa autarquía, el poder de turno va a querer incidir en la metodología y en los resultados de las estadísticas públicas”, advirtió.
Por lo tanto, indicó, “hay que respetar la metodología rigurosa y convocar a todos los sectores científicos para que no pase lo que ocurrió en el pasado”.
Llaneza dijo que, en una reunión que mantuvieron con Santiago Cafiero y Matías Kulfas, del equipo de Alberto Fernández, “nos garantizaron que lo que se hizo en 2007 fue un error y que no va a volver a ocurrir”.
De todos modos, los técnicos del Indec no quieren descansar sobre las palabras de nadie, sino sobre una norma votada por el Congreso que impida las maniobras ordenadas desde 2007 y ejecutadas a través de la Secretaría de Comercio Interior que lideraba Guillermo Moreno, que no fueron corregidas por ningún ministro de Economía hasta 2016.
“Todos esos antecedentes rompen con cualquier promesa de confiabilidad”, indicó.
Además, el delegado afirmó que “debe haber una representación de las provincias en el Indec y garantizarse la estabilidad de todos los trabajadores, ya que hay unos 300 monotributistas y, del resto, son pocos los que tienen todos los derechos laborales”.
Para Llaneza, “Lavagna significa que se mantiene el statu quo de Todesca, con quien compartimos la necesidad de que al director estadístico se lo elija bajo un concurso técnico”.
Otra cuestión relevante, detalló, es que “la conducción del Indec debe garantizar que los datos del organismo no se filtren un día antes de ser difundidos oficialmente, porque eso pone en riesgo la credibilidad de las estadísticas, sobre todo porque, en general, su difusión se anticipa cuando el dato es positivo para el Gobierno”.
Antes, subrayó, hay que garantizar que el edificio de Diagonal Sur esté en condiciones de funcionar con normalidad. “Actualmente hay ratas en el edificio y hemos avertido los riesgos de seguir trabajando en estas condiciones”, aclaró.
En febrero de 2007, el gobierno de Néstor Kirchner comenzó a alterar el resultado del índice de precios al consumidor (IPC), luego de que la inflación registrara una suba del 12,3% en 2005.
Luego, comenzaron a manipularse en forma directa otros indicadores, como el del crecimiento económico, mientras que otros fueron arrastrados por esta maniobra, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Cuando asumió como ministro de Economía, Axel Kicillof logró desplazar a Moreno, pero dejó de mostrar los datos de pobreza al afirmar que “estigmatizaban” a la gente de bajos recursos.
Aunque la intención original era tratar de reducir el peso de los bonos ligados a la inflación (CER), la consecuencia fue que se pulverizó el mercado de deuda en pesos, por lo que el propio kirchnerismo tuvo que volver a colocar deuda en dólares.
Bonos a Chávez
Ante el cierre de los mercados voluntarios por el default, se eligió entonces como “mercado” venderle bonos al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, al que se le llegó a pagar una tasa de interés del 14 por ciento.
La maniobra de manipulación fue denunciada en la Justicia y, ante la presión de varios organismos internacionales (desde el FMI hasta las Naciones Unidas), el Gobierno convocó a un grupo de universidades públicas para que realizaran un informe, que resultó lapidario, ya que cuestionó la discrecionalidad con la que se llevaba a cabo la medición de los precios.
Al mismo tiempo, Moreno dispuso multar y perseguir penalmente a varias consultoras que medían los precios en forma independiente del Indec, entre ellas, a Ecolatina, que en aquel entonces dirigía Marco Lavagna, y Finsoport, de Jorge Todesca.
Luego de varios años, la Justicia desechó estas denuncias por falta de elementos.
Sin embargo, tampoco avanzó la denuncia en contra de Moreno y de los directivos del Indec de aquella época, que está en el juzgado del juez Rodolfo Canicoba Corral.
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