El conflicto interno que se generó entre los diputados de Cambiemos por haber perdido un integrante del Consejo de la Magistratura, luego de que la oposición uniera fuerzas para ganar la votación, provocó que se suspendiera la última sesión del año, donde se iban a debatir proyectos como los cambios al Impuesto a los Bienes Personales y la nueva Ley de Alquileres, entre otros.
Ahora, quedan pocas posibilidades para que estos proyectos sean tratados antes de que finalice el año. Por un lado, que se convoque a una nueva sesión para el próximo martes 27. Pero, en caso de que esto no se logre, está la opción de que el Poder Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias en diciembre para el tratamiento de algunas de estas leyes.
En el caso de que estas dos opciones no prosperen, el proyecto de Ley de Alquileres, por ejemplo, perdería estado parlamentario. Así lo explicó Daniel Lipovetzky, diputado de Cambiemos e impulsor del proyecto. "Yo creo que el martes vamos a tener sesión. Pero si no, hay que trabajar con el Poder Ejecutivo para que incluya Ley de Alquileres en las sesiones extraordinarias. Pero seguro va a haber sesión el martes, sobretodo por Bienes Personales", dijo a Infobae.
En el caso de Bienes Personales, el tema a debatir son las correcciones que introdujo el Senado: exceptuar del tributo a los inmuebles que cumplan la función de "casa-hogar" de hasta $18 millones.
El mínimo no imponible de este impuesto pasará de los $1.050.000 actuales a $2 millones a partir de 2019. Las personas que declaren bienes por entre $2 millones y $5 millones pagarán una tasa de 0,25%; de $5 millones a $10 millones tributarán 0,50%, y a partir de los $20 millones, la tasa será de 0,75%.
En tanto, las modificaciones en el Código Civil sobre los alquileres ya tiene una media sanción del Senado, del año 2016. Y fue el propio presidente Mauricio Macri que relanzó el proyecto a mediados de octubre, lo que generó una fuerte resistencia en el sector inmobiliario y obligó a realizar modificaciones al texto original.
En el primer proyecto se determinó que los inquilinos podían presentar garantías bancarias y una actualización del valor de los alquileres cada seis meses, según un índice combinado entre la inflación y la evolución de los salarios. Además, la comisión de la inmobiliaria quedaba a cargo solo del propietario (como ya sucede en la Ciudad de Buenos Aires) y el plazo plazo mínimo de los contratos se extendía de dos a tres años.
¿Qué cambios se realizaron al proyecto en las últimas semanas? Una de las modificaciones es que el plazo mínimo de tres años de duración del contrato se va a poder acortar cuando los alquileres superen un monto determinado (en el primer proyecto se estimó por encima de las 3.000 UVA, unos $83.000, pero ahora será más bajo). Además, el locador podrá aceptar entre dos alternativas de garantías propuestas por los inquilinos y no entre cinco como se pretendía en un principio.
Sin embargo, uno de los puntos que aún no está definido es a quién corresponde pagar las comisiones inmobiliarias. La idea que gana más fuerza es que el pago sea compartido entre propietarios e inquilinos.
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