Luego de que el sector inmobiliario manifestara su oposición, el Gobierno está trabajando en varios cambios para el proyecto de Ley de Alquileres, antes de que llegue al recinto de la Cámara de Diputados, donde está previsto que se debata el próximo 7 de noviembre. El proyecto, impulsado por el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky, ya cuenta con dictamen de comisión.
El principal cambio vendría por el lado de la modalidad de ajuste de los contratos: la idea original del proyecto era utilizar la variación de un índice formado en partes iguales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que mide el Indec. Este es el punto más resistido por las asociaciones de inquilinos y el que más dificultad presenta a la hora de alcanzar un acuerdo con el resto de los bloques en el Congreso.
"Todos las modificaciones que están ahora en estudio deberán después ser acordadas con los diferentes bloques en la Cámara de Diputados", según advirtió a Infobae Daniel Likpovetzky. Para la adecuación del proyecto, se están tomando en cuenta las disidencias parciales que hubo en el dictamen de comisión y las opiniones de las asociaciones de inquilinos y de inmobiliarias.
Aquí una lista con los principales cambios que están en análisis, en los que también estuvieron trabajando el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el secretario de Vivienda Iván Kerr:
1. Plazo del contrato: Se mantendrá en un mínimo de tres años. Pero podría admitirse una reducción de ese plazo, con acuerdo entre las partes, en algunos casos donde los alquileres superen determinado monto. En el proyecto original ese valor mensual se estimó por encima de las 3.000 UVA (unos $83.000), pero la idea de Lipovetzky es bajar ese piso y que los alquileres mensuales que queden por encima puedan pactarse por un plazo más corto.
2. Garantías: Según el proyecto original, el propietario debía aceptar una de las cinco opciones de garantías que le ofreciera el inquilino (garantía real, aval bancario, seguro de caución, garantía personal con recibo de sueldo o fianza). El cambio que se estudia es que el locador pueda aceptar entre dos alternativas de garantías propuestas por los inquilinos.
También se eliminaría el texto del proyecto que le impedía al propietario requerir una garantía que supere el equivalente a cinco meses de alquiler. Según los cambios, no podrá exigir que el monto garantizado supere el equivalente a 10 veces el alquiler.
3. Registro en la AFIP: En el texto original se establecía que solo los contratos de alquiler registrados en el entre recaudador serían válidos para el inicio de acciones judiciales. La alternativa, ahora, es eliminar eso como obligación.
Aunque se aclararía que cualquiera de las partes puede informar de la existencia del contrato al organismo recaudador. "El espíritu de la ley sigue siendo que se registren los alquileres, que es lo correcto. Además es importante para que los inquilinos puedan desgravar ganancias", aseguró Daniel Lipovetzky.
4. Honorarios: Se eliminaría el tope para los honorarios de las inmobiliarias, que se había fijado en un mes de alquiler como máximo para un nuevo contrato y medio mes cuando se trataba de una renovación. Sin embargo, los honorarios deberán ser pagados por los propietarios, tal como se planteaba el proyecto en un principio.
5. Desalojos: Frente a la falta de pago del alquiler, antes de la demanda de desalojo, el propietario deberá intimar al inquilino con un plazo de 10 días. Se analiza incorporar una aclaración para que esa notificación sea válida aunque el inquilino se niegue a recibirla.
Si llega a un consenso en alguno de estos cambios, se resolverían algunos de los aspectos del proyecto de ley que desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina habían considerado como negativos. La entidad señaló que la ley no tenía en cuenta la realidad de todas las provincias, por ejemplo.
"Todo ha sido pensado para favorecer a la parte más vulnerable, según el proyecto, pero establece parámetros de valor tan elevados que abarca a todo el mercado locativo de la mayoría de las jurisdicciones del interior", explicaron. Los valores que en un comienzo se habían planteado como necesarios para plantear excepciones eran 3.000 UVA (unos $83.000) para contratos residenciales y 5.000 UVA (unos $139.050) en casos de contratos comerciales.
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