Monica Rangel, die als Leiterin des Gesundheitsministeriums in San Luis Potosí diente, war nach ihrer Verhaftung wegen ihrer wahrscheinlichen Beteiligung an verschiedenen Verbrechen mit dem Prozess verbunden.
Ein Aufsichtsrichter des Unternehmens beschloss nach einer Anhörung, die gegen 23:00 Uhr endete, es mit dem Prozess in Verbindung zu bringen, und ordnete auch eine informelle Präventivhaft an, sodass Rangel im Gefängnis bleibt.
In diesem Zusammenhang wurde für die beteiligten Behörden ein Zeitraum von bis zu drei Monaten festgelegt, um die zusätzliche Untersuchung abzuschließen, und über den rechtlichen Status des ehemaligen Beamten konnte entschieden werden.
Die örtliche Staatsanwaltschaft gab an, dass die ehemalige Kandidatin von Morena für die Landesregierung wegen ihrer angeblichen Beteiligung an Verbrechen wie missbräuchlicher Nutzung des öffentlichen Dienstes, krimineller Vereinigung und Betrug für 22 Millionen Pesos strafrechtlich verfolgt wird.
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