Sandra Cuevas, Bürgermeisterin von Cuauhtémoc, war wegen ihrer wahrscheinlichen Beteiligung an Verbrechen des Diebstahls und des Missbrauchs von Autorität mit dem Prozess verbunden. Darüber hinaus wurde beschlossen, die Aussetzung für die Ausübung ihrer Pflichten als Bürgermeisteramt für die Dauer des Verfahrens aufrechtzuerhalten, für das der Richter die Frist für den Abschluss der ergänzenden Untersuchung auf 60 Tage festlegte.
Der Aufsichtsrichter stellte fest, dass die Vorsichtsmaßnahmen für die vorübergehende Trennung vom Amt, das Verbot, das Land zu verlassen und sich den Opfern zu nähern, bestehen bleiben. Aus diesem Grund wird Cuevas daran gehindert, auf ihren Posten zurückzukehren.
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